La reciente actualización del marco migratorio en España ha generado un cisma político inesperado. A pesar de los avances en la regularización de miles de personas, el pueblo saharaui se ha encontrado con un obstáculo burocrático que los mantiene en la sombra legal. Ante esta situación, el grupo parlamentario Sumar ha decidido reactivar una ofensiva legislativa para garantizar que este colectivo, históricamente vinculado a España, reciba el reconocimiento que el actual decreto les ha denegado.
El vacío legal de la apatridia en el nuevo reglamento
El núcleo del conflicto reside en la redacción final del Real Decreto de regularización extraordinaria. En sus fases preliminares, el texto contemplaba incluir a los solicitantes del estatuto de apátrida, una condición que afecta mayoritariamente a los ciudadanos de origen saharaui. Sin embargo, tras las recomendaciones del Consejo de Estado, este grupo fue omitido del documento definitivo aprobado por el Consejo de Ministros.
Esta exclusión no solo representa un problema administrativo, sino que es percibida por sectores de la coalición como una decisión política deliberada. Al quedar fuera de los mecanismos extraordinarios, los saharauis pierden la oportunidad de normalizar su situación bajo los mismos criterios que otros inmigrantes, lo que ha obligado a Sumar a rescatar una proposición de ley específica que ya descansa en las dependencias del Congreso.
La estrategia de Mónica García y la vía parlamentaria
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la necesidad de «regularizar e interiorizar» la situación de estas personas mediante una ley propia. El objetivo no es solo una residencia temporal, sino la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza para aquellos que nacieron en el Sáhara Occidental antes de 1976, cuando el territorio aún estaba bajo administración española.
- Antecedentes: La propuesta fue registrada originalmente en marzo de 2024.
- Votación clave: En febrero de 2025, la iniciativa fue tomada en consideración con el voto en contra del PSOE.
- Estado actual: El texto se encuentra paralizado en la Comisión de Justicia, a la espera de que se retomen las ponencias y se debatan las enmiendas presentadas.
Tesh Sidi y la denuncia de una política de exclusión
Dentro del espacio de Sumar, las voces más críticas señalan que esta omisión no es un error de cálculo. La diputada Tesh Sidi, una de las principales impulsoras de la causa saharaui en el Parlamento, ha calificado la exclusión como una «política dirigida» contra este colectivo. Sidi ha lamentado que el Gobierno, con el consentimiento de diversos sectores, mantenga una línea de inacción que perpetúa la vulnerabilidad de los saharauis en suelo español.
La tensión es evidente: mientras el PSOE ha propuesto enmiendas para limitar el valor jurídico de los documentos emitidos por el Frente Polisario en este proceso, Sumar presiona para que la ley sea lo más amplia y reparadora posible. La disputa no es solo técnica; es una lucha por la memoria histórica y la responsabilidad que el Estado español mantiene con su antigua colonia.
Hacia una reparación histórica pendiente
La propuesta legislativa que Sumar busca desbloquear pretende corregir lo que consideran un agravio comparativo. A diferencia de otros colectivos con vínculos históricos, como los sefardíes, los saharauis han encontrado tradicionalmente más trabas para acceder a la ciudadanía española. La aprobación de esta ley supondría un cambio de paradigma en la política exterior y de extranjería del país.
En conclusión, el futuro de la población saharaui en España depende ahora de la capacidad de presión de los socios de coalición dentro del Congreso de los Diputados. Con el reglamento de extranjería ya en vigor y sin soluciones para los apátridas, la proposición de ley de Sumar se convierte en la única tabla de salvación para miles de personas que reclaman un vínculo legal con el país que una vez los consideró ciudadanos propios.