La situación procesal de Luis ‘Alvise’ Pérez ha dado un giro drástico tras la reciente decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad parlamentaria. Sin este escudo legal, el magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, ha activado una serie de diligencias exhaustivas para desentrañar el entramado financiero de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF), poniendo el foco en una posible financiación ilegal.
Auditoría total a las cuentas de Se Acabó La Fiesta
El instructor de la causa no se ha limitado a una revisión superficial. La orden judicial exige al representante legal de SALF la entrega inmediata de toda la documentación que sustente su actividad económica. Esta medida busca contrastar si los recursos utilizados durante la campaña electoral de 2024 se ajustan a la legalidad vigente o si existen irregularidades en la captación de fondos.
Entre la documentación requerida por el Tribunal Supremo destacan los siguientes elementos críticos:
- Libros de tesorería y balances contables detallados.
- Registros de movimientos bancarios y estados de cuentas de capital.
- Inventarios de activos y cuentas de ingresos y gastos operativos.
- Justificantes de pagos específicos realizados durante los comicios europeos.
- Informes previos presentados ante el Tribunal de Cuentas para su fiscalización.
El rastro de las criptomonedas y la conexión con Álvaro Romillo
Uno de los puntos más complejos de la investigación reside en el ámbito de los activos digitales. El magistrado ha puesto bajo la lupa una transferencia de 100.000 euros vinculada al empresario Álvaro Romillo, figura clave en el sector de las criptomonedas. La sospecha de que estos fondos pudieron haber financiado la estructura política de Alvise Pérez de manera irregular es el motor principal de las actuales pesquisas.
Para abordar esta dimensión tecnológica, se ha solicitado la intervención de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Los agentes especializados deberán elaborar un informe técnico sobre el tráfico de wallets o carteras digitales que podrían haber sido utilizadas por los investigados. El objetivo es identificar si hubo flujos de capital no declarados que escaparon a los canales bancarios tradicionales.
Un escenario jurídico de máxima presión
Aunque el foco mediático se centra hoy en la financiación, el líder de SALF enfrenta un complejo mapa judicial en el Tribunal Supremo. La causa por financiación ilegal es solo una de las seis investigaciones abiertas que rodean al eurodiputado, lo que sugiere un cerco legal que abarca desde delitos contra el orden público hasta presuntas coacciones.
El tribunal también mantiene la vista sobre otras denuncias que incluyen el presunto acoso a representantes políticos en redes sociales, la difusión de documentación médica falsa y la incitación a desórdenes públicos durante protestas del sector agrario. No obstante, el magistrado Sánchez Melgar ha decidido supeditar ciertas indagaciones patrimoniales adicionales —solicitadas por la acusación popular— al avance de las pruebas actuales, priorizando la claridad sobre la contabilidad electoral y los movimientos de activos criptográficos.
Hacia una fiscalización sin precedentes
La determinación del Supremo subraya un cambio de ritmo en el tratamiento de las nuevas formaciones políticas que operan en los márgenes de la política tradicional. Al exigir la intervención del Punto Neutro Judicial para rastrear saldos y cuentas, la justicia española busca establecer un precedente de transparencia absoluta, especialmente cuando el origen del dinero podría estar ligado a mercados financieros desregulados.
En las próximas semanas, el análisis de los peritos judiciales y el informe del Tribunal de Cuentas serán determinantes para definir el futuro de la agrupación SALF y la carrera política de su principal impulsor en el ámbito europeo.