La clausura definitiva de la logística física que rodeó al referéndum del 1 de octubre ya es una realidad jurídica. El Tribunal Supremo ha dictaminado que los objetos incautados durante aquella jornada deben ser destruidos, poniendo fin a la pretensión de líderes independentistas que buscaban preservar urnas y otros elementos bajo el argumento de su relevancia histórica para Cataluña.
La desestimación de las peticiones de Carles Puigdemont
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había liderado una ofensiva legal para evitar que el material intervenido fuera reducido a escombros. Su propuesta consistía en que estos objetos le fueran entregados en calidad de depositario, apelando a su condición de exmandatario y al legado institucional que, a su juicio, representan para la memoria colectiva catalana.
Sin embargo, la Sala de lo Penal ha sido tajante en su respuesta. Los magistrados subrayan que el líder de Junts carece de cualquier título de propiedad o competencia pública que justifique la entrega de estas piezas de convicción. Para el alto tribunal, la custodia de estos efectos por parte de un particular o una figura política sin competencias actuales sobre los mismos carece de base legal.
Logística y deterioro: Los argumentos para la destrucción
La decisión del Supremo no solo responde a criterios jurídicos, sino también a necesidades prácticas expuestas por los Mossos d’Esquadra. La policía autonómica había solicitado previamente la eliminación del material debido a la saturación de sus depósitos y al inevitable deterioro progresivo que sufren estos objetos con el paso del tiempo.
- El tribunal advierte que una conservación indefinida solo llevaría a la pérdida total de los materiales por causas naturales.
- Se considera innecesario mantener grandes volúmenes de efectos cuya utilidad procesal ya ha sido agotada en la causa principal del procés.
- La resolución busca optimizar los recursos de almacenamiento de las fuerzas de seguridad.
Un frente común contra la resolución judicial
Puigdemont no fue el único en intentar detener este proceso. Figuras como Oriol Junqueras y Raül Romeva también presentaron recursos, sugiriendo que la decisión debería haber pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al existir todavía causas derivadas pendientes. A este bloque se sumaron otros nombres clave como Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez.
Curiosamente, la Fiscalía del Supremo mostró un matiz diferenciador al sugerir inicialmente que el material fuera devuelto a su propietario original, señalando a la Generalitat de Cataluña. No obstante, el Supremo ha ignorado esta vía al considerar «sorprendente» que se intente otorgar una connotación histórica o patrimonial a elementos que fueron instrumentos de un acto declarado ilegal.
Garantías procesales y conservación de muestras
Pese a la orden de destrucción masiva, la justicia ha establecido un protocolo para asegurar que no se borre rastro alguno que pudiera ser necesario en el futuro. El proceso de desguace y eliminación se llevará a cabo bajo estrictas condiciones:
- Se exige la presencia de un Letrado de la Administración de Justicia para dar fe de la diligencia.
- Es obligatorio conservar una muestra representativa de cada tipo de material intervenido.
- Estas muestras seleccionadas serán enviadas al Tribunal Supremo para su custodia permanente, garantizando que el examen del material sea posible si otras causas judiciales así lo requieren.
Con esta resolución, el Alto Tribunal confirma el respaldo a la petición de los Mossos y cierra la puerta a la creación de un archivo físico oficial basado en los restos del 1-O, reafirmando que la naturaleza de los hechos juzgados despoja a estos objetos de la protección institucional que solicitaba el independentismo.