La estabilidad institucional de la Asamblea de Melilla se ha visto seriamente comprometida tras un episodio de crispación que culminó con la entrada de la fuerza pública en el salón de plenos. Lo que debía ser una sesión ordinaria de control se transformó en un escenario de confrontación directa cuando la diputada de Coalición por Melilla (CPM), Cecilia González, fue desalojada por agentes de la Policía Local tras un enfrentamiento dialéctico con la presidencia.
Fractura en el orden parlamentario y desalojo policial
El detonante del conflicto surgió durante el turno de respuesta del consejero de Educación, momento en el que el presidente de la Ciudad y de la Cámara, Juan José Imbroda, interpeló a González por interrumpir el debate. Tras recibir dos avisos reglamentarios por no guardar silencio, la situación escaló rápidamente hacia una orden de expulsión inmediata. La negativa de la representante de la oposición a abandonar su escaño obligó a la presidencia a suspender la sesión y requerir la presencia de tres uniformados en el hemiciclo.
A diferencia de otras crisis parlamentarias, el incidente no terminó con una salida discreta. La imagen de la diputada rodeada por agentes simboliza la profunda brecha entre el Gobierno local y el principal partido de la oposición. Aunque finalmente González abandonó el recinto por su propio pie, el bloque de CPM decidió retirarse en su totalidad como señal de protesta, denunciando un trato discriminatorio en comparación con los diputados del Partido Popular.
Nuevas represalias financieras: El fin de las ‘expulsiones gratis’
Más allá del altercado puntual, el presidente Imbroda ha aprovechado la coyuntura para anunciar un endurecimiento sin precedentes en el reglamento interno de la Asamblea. El Ejecutivo local busca erradicar lo que califica como «sabotaje» parlamentario mediante la implementación de castigos que afectarán directamente al bolsillo de los representantes públicos.
- Implementación de sanciones económicas directas para diputados expulsados.
- Refuerzo de la autoridad de la presidencia para agilizar el desalojo del público y prensa en momentos de tensión.
- Revisión de los tiempos de intervención para evitar interrupciones fuera del turno de palabra.
Según el mandatario melillense, el objetivo es evitar que los incidentes en el pleno queden sin consecuencias tangibles, asegurando que cualquier intento de torpedear la actividad legislativa conlleve un coste financiero para el infractor.
Visiones enfrentadas sobre la imparcialidad institucional
La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar. Desde Coalición por Melilla, Cecilia González ha defendido su postura a través de un comunicado audiovisual, calificando la actitud de Imbroda como «tendenciosa». La diputada sostiene que existe una doble vara de medir donde los improperios lanzados desde la bancada popular son ignorados, mientras que la crítica de la oposición es perseguida con el auxilio policial.
Por otro lado, voces como las de Somos Melilla han instado a la presidencia a recordar que la Asamblea es la representación de todos los ciudadanos y no una propiedad privada del grupo mayoritario. Por el contrario, desde Vox se ha aplaudido la contundencia de Imbroda, argumentando que el orden es una herramienta necesaria para proteger la convivencia frente a quienes no respetan las normas democráticas de juego. Este incidente deja un panorama de polarización extrema en la política melillense, donde el diálogo parece haber sido sustituido por el estricto cumplimiento sancionador del reglamento.