El blindaje técnico de la gestión de Torres frente a las críticas parlamentarias
En un escenario de alta tensión política, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido con determinación la transparencia de su administración durante su mandato presidencial en las Islas Canarias. El foco de la controversia, impulsado por sectores de la oposición, se ha centrado en la adjudicación de proyectos a la constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Sin embargo, Torres no solo ha rechazado las sospechas de irregularidades, sino que ha subrayado que los propios mecanismos de control del Estado han validado estos procedimientos de forma exhaustiva.
Desmontando la narrativa del contacto directo y el «bulo» de la cena
Uno de los puntos más álgidos del debate parlamentario ha sido la supuesta reunión entre el ministro y el empresario José Ruz. Torres ha sido tajante al calificar como un bulo malintencionado la existencia de una cena previa a la firma del contrato. Según el ministro, esta narrativa carece de base fáctica y busca erosionar su imagen pública mediante la propagación de datos no verificados. Para reforzar su postura, ha recordado que incluso la actual responsable del área en el archipiélago, perteneciente a las filas del Partido Popular, ha calificado la licitación cuestionada como un proceso ejemplar e impecable desde el punto de vista técnico y administrativo.
El aval de la Agencia Tributaria y la estabilidad institucional
Más allá de la retórica política, la defensa de Torres se apoya en datos administrativos concretos que dificultan el avance de las críticas. La Agencia Tributaria ha realizado un análisis minucioso de la obra tras las denuncias interpuestas, concluyendo que existe un cumplimiento total de la legalidad vigente. Este respaldo técnico es fundamental para entender la solidez de la gestión canaria frente a las interpelaciones del diputado Pedro Muñoz Abrines, quien intentó vincular cronológicamente la adjudicación con intereses particulares sin aportar pruebas concluyentes.
- Ratificación de los procesos por parte de los organismos de fiscalización tributaria nacional.
- Reconocimiento de la corrección administrativa por parte de miembros de la actual coalición de gobierno en las islas.
- Desmentido oficial sobre encuentros privados con adjudicatarios durante el proceso de licitación.
Finalmente, Torres ha mostrado su intención de mantener su responsabilidad en la cartera ministerial, proyectando un mensaje de tranquilidad institucional y firmeza política. Al comparar su permanencia en el cargo con la trayectoria parlamentaria de sus críticos, el ministro reafirma que la gestión pública realizada en las islas se rige por estándares de calidad que resisten cualquier examen jurídico o político. Con este alegato, Torres busca cerrar un capítulo de confrontación basado en lo que considera una campaña de desinformación sin recorrido legal.