La cuenta atrás para la cita electoral del 29-N ha transformado el debate político en Canarias en una defensa cerrada de los derechos humanos. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha lanzado una advertencia contundente sobre el destino de los menores migrantes no acompañados. Según el dirigente, un hipotético cambio de ciclo hacia la derecha supondría un retroceso en la protección de este colectivo vulnerable, planteando un escenario de hacinamiento y falta de garantías que contraviene los tratados internacionales.
El dilema humanitario y la imposibilidad de las devoluciones
El núcleo del mensaje socialista se centra en la legalidad internacional y el deber moral. Torres ha subrayado que los menores que llegan a nuestras costas no pueden ser devueltos de forma sumaria a sus territorios de origen, una postura que choca frontalmente con los discursos más radicales de la oposición. La gestión en zonas sensibles como El Hierro se ha presentado como un modelo de respuesta directa y diplomacia activa, especialmente tras los recientes acuerdos y misiones en países como Senegal.
Frente a la propuesta de militarización de las fronteras, el Ejecutivo actual reivindica una política de «dar la cara» en el territorio. Se busca evitar que la crisis migratoria se gestione desde el castigo, apostando por la reforma de la ley de extranjería para facilitar derivaciones solidarias entre comunidades autónomas, evitando que la presión recaiga exclusivamente sobre el archipiélago.
Crítica a la representatividad territorial: «Desconocimiento isleño»
Uno de los puntos más agrios de la jornada ha sido la crítica a la composición de las listas electorales de la derecha. Torres ha calificado como una «UTE xenófoba» la alianza estratégica entre PP y Vox, denunciando la presencia de candidatos que carecen de vínculos reales con la realidad cotidiana de las islas. La falta de arraigo de estos representantes ha sido utilizada para cuestionar su capacidad de defender los intereses canarios en las Cortes.
- Denuncia de candidaturas sin residencia ni conocimiento de la cultura canaria.
- Pérdida de la tradición de representatividad local en el Senado.
- Crítica a la importación de discursos ajenos a la idiosincrasia del archipiélago.
Balance de gestión: Economía y reconstrucción social
Más allá de la migración, el discurso ha pivotado sobre los hitos económicos que han transformado el tejido social de las islas. El respaldo del Gobierno central se ha materializado en cifras concretas que buscan blindar a la mayoría trabajadora frente a las «amenazas» de las políticas de austeridad. Entre los logros destacados se encuentran:
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en Canarias ha impactado positivamente en más del 20% de los empleados, y la inyección de 1.300 millones de euros adicionales a través del sistema de financiación. Asimismo, se ha hecho especial hincapié en la transferencia de 700 millones para inversiones estratégicas y la continuidad de los fondos destinados a la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica, asegurando que el compromiso con los afectados no tiene fecha de caducidad.
El 29-N como encrucijada de libertades
La movilización ciudadana se presenta como la única barrera frente a lo que el socialismo denomina «el retorno a la caverna». Desde la secretaría general tinerfeña y las candidaturas al Congreso, se ha hecho un llamamiento a proteger avances históricos. No se trata solo de economía, sino de blindar leyes como la de igualdad, el matrimonio igualitario o la muerte digna.
La conclusión de esta etapa de precampaña es clara: el 29-N se percibe como una batalla entre un modelo de solidaridad institucional y un proyecto que, según Torres, pone en riesgo la dignidad de los más vulnerables en favor de los intereses de las élites financieras. La advertencia sobre el trato a los menores migrantes es, en última instancia, un termómetro de la calidad democrática que se pondrá a prueba en las urnas.
