La arquitectura jurídica que rodea al proceso independentista ha experimentado un giro determinante. Jordi Turull, secretario general de Junts, ha interpretado el reciente posicionamiento del Tribunal Constitucional (TC) como una enmienda a la totalidad contra aquellos sectores de la judicatura que, a su juicio, han priorizado el activismo político sobre la aplicación técnica de la legalidad vigente.
El Constitucional frente a la resistencia del Supremo
El respaldo del TC a la amnistía por malversación no es solo un trámite administrativo, sino una desautorización directa a la estrategia sostenida por el Tribunal Supremo. Según Turull, el hecho de que el magistrado José María Macías haya aceptado redactar una resolución favorable al perdón de este delito, alineándose con la mayoría progresista, evidencia un cambio de paradigma en el equilibrio de poderes.
Desde la óptica de Junts, este movimiento deja en una posición comprometida a los jueces que se negaron inicialmente a aplicar la norma. El dirigente independentista sostiene que la justicia ha actuado con una demora intencionada, pero que el dictamen actual del órgano de garantías marca un camino de no retorno hacia la plena operatividad de la Ley de Amnistía.
La prueba del algodón: El retorno de Carles Puigdemont
Para la formación liderada por Turull, la eficacia de la ley no se medirá en boletines oficiales, sino en la libertad de movimiento de sus principales figuras. El secretario general ha sido tajante al afirmar que la amnistía solo podrá considerarse «plenamente aplicada» cuando se cumplan ciertos hitos simbólicos y políticos:
- El regreso definitivo de Carles Puigdemont sin riesgo de detención.
- La normalización de la situación jurídica de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
- El cese total de las causas pendientes para todos los ciudadanos movilizados durante el 1-O.
A pesar del optimismo por el avance en el Constitucional, Turull mantiene una postura de cautela extrema respecto al Tribunal Supremo, apelando a la metáfora de Santo Tomás: no dará por cerrada la etapa judicial hasta que no vea al expresidente de la Generalitat paseando libremente por las calles de Cataluña.
Presión directa sobre la figura de Pablo Llarena
Uno de los puntos más críticos del discurso de Turull ha sido el ataque frontal al juez instructor Pablo Llarena. El líder de Junts sugiere que, tras los sucesivos reveses sufridos en tribunales europeos y ahora en el Constitucional, el magistrado debería replantearse su papel en el proceso.
Turull ha instado a Llarena a actuar de oficio antes del mes de octubre, argumentando que, tras el criterio fijado por el TC, su labor se reduce ahora a una función meramente mecánica. «Hará de auxiliar administrativo porque lo único que le queda es copiar los argumentos que ya han sido validados por sus superiores jerárquicos en materia constitucional», ha señalado con dureza.
Un nuevo escenario para Junts y el tablero político
Más allá de las implicaciones legales, el regreso de los líderes en el exilio supone un cambio drástico en la estrategia de Junts per Catalunya. Turull defiende que, con Puigdemont en territorio catalán, el partido podrá competir en «igualdad de condiciones» con el resto de fuerzas políticas, recuperando la proximidad con el electorado que la distancia forzada había dificultado.
En cuanto a las relaciones con el Gobierno del PSOE, el secretario general desvincula este avance judicial de cualquier pacto político coyuntural, entendiendo que el TC se limita a exigir el cumplimiento de una ley ya aprobada. Por el momento, Turull descarta centrarse en su futuro como posible candidato electoral, priorizando el impacto emocional y político que supondrá el reencuentro físico con sus compañeros de filas en la sede de la formación.
En conclusión, el aval del Tribunal Constitucional se percibe como una victoria moral que acelera el reloj político en Cataluña, aunque el desenlace final sigue dependiendo de la resistencia que pueda ofrecer el aparato judicial en las próximas semanas.