Lo que comenzó como una investigación sobre la compra irregular de material sanitario durante lo más crítico de la pandemia ha mutado en un escándalo de corrupción sistémica dentro de la Diputación de Almería. El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha dado un paso decisivo al autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que proceda al desprecinto y clonado de los terminales móviles de seis nuevos implicados, en su mayoría perfiles vinculados al tejido empresarial de la construcción.
El lenguaje de las ‘muelas’: códigos dentales para el soborno
Uno de los aspectos más reveladores de la investigación es el uso de una jerga criptográfica para enmascarar el presunto pago de mordidas. Según los informes técnicos, los principales responsables políticos de la institución provincial, incluidos Javier A. García y Fernando Giménez, empleaban términos de odontología para coordinar los repartos de dinero ilícito. Expresiones como «ir al dentista» o «limpieza dental» se utilizaban en contextos que los investigadores consideran totalmente ajenos a la salud bucodental.
El rastreo de estas comunicaciones ha permitido identificar momentos críticos. Destaca un mensaje enviado apenas tres minutos después de la adjudicación de un contrato a la firma Azor Corporate, consistente únicamente en un emoticono de un diente. Para la UCO, esta simbología no es casual, sino la confirmación del éxito de una operación fraudulenta que garantizaba beneficios económicos a la red criminal bajo el paraguas de la emergencia sanitaria.
De las mascarillas al amaño integral de la obra pública
La tesis judicial sostiene que la trama no se limitó a la crisis del COVID-19. Se investiga una estructura delictiva que habría evolucionado para controlar los Planes Provinciales y el Plan Acelera. El objetivo era el reparto discrecional de obras menores entre un grupo selecto de empresarios a cambio de contraprestaciones. En este escenario, el análisis de los teléfonos de cinco administradores de empresas constructoras y del hermano del exvicepresidente Óscar Liria resulta fundamental para cerrar el círculo probatorio.
El auto judicial detalla cómo se orquestaban los concursos públicos mediante instrucciones precisas enviadas por mensajería instantánea:
- Indicaciones directas a las empresas para que aplicaran una «baja simbólica» en sus ofertas.
- Órdenes de restar porcentajes específicos (como un 4 %) para simular una competencia real en las licitaciones.
- Decisiones políticas sobre qué municipios debían quedar fuera de ciertos contratos, utilizando claves como «Los Gallardos pasa» para favorecer a mercantiles de la trama.
Patrimonio bajo sospecha y el rastro del dinero negro
La vertiente económica de la investigación arroja datos inquietantes sobre el blanqueo de capitales. La UCO ha puesto el foco en la anomalía financiera que presentaban las cuentas personales del expresidente de la Diputación, donde la práctica inexistencia de retiradas de efectivo sugiere que su ritmo de vida se sufragaba con fondos de procedencia opaca. Esta sospecha se reforzó tras el hallazgo de sobres con dinero en metálico en el entorno familiar directo de los investigados, acompañados de notas manuscritas que vinculaban el efectivo con los dirigentes políticos.
Además, se han detectado ingresos fraccionados para el pago de hipotecas y la adquisición de terrenos, una técnica clásica para eludir los controles fiscales de las entidades bancarias. La investigación apunta a que empresas instrumentales como Pulconal y OYC Servicios Urbanos, vinculadas a familiares de los políticos, habrían recibido decenas de contratos mediante un concierto previo que anulaba cualquier principio de concurrencia pública.
Un horizonte judicial complejo para la Diputación
Con la intervención de estos nuevos dispositivos, la justicia busca consolidar las pruebas sobre el carácter continuado de estos delitos. Lo que inicialmente parecía un caso aislado de corrupción en contratos sanitarios ha destapado una presunta red de clientelismo y reparto de obra pública que afecta al corazón de la administración provincial de Almería. El volcado de los terminales de los empresarios será la llave para identificar si existieron más beneficiarios en esta mecánica de «limpieza» de fondos públicos.
La instrucción continúa avanzando hacia el esclarecimiento de una trama que, a juicio del magistrado, operaba de forma sistémica y organizada, utilizando la administración pública como una herramienta para el lucro personal y el enriquecimiento de un círculo empresarial afín al poder político de turno.