La investigación judicial que rodea al entorno de Begoña Gómez ha dado un giro técnico significativo tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Los agentes de la Guardia Civil han puesto el foco en una estructura de licitaciones públicas que, lejos de seguir la normativa vigente, habría operado bajo una dinámica de resultados preestablecidos. Según el análisis forense de las comunicaciones y expedientes, la empresa pública Red.es no solo favoreció al empresario Juan Carlos Barrabés, sino que adaptó activamente la documentación para justificar adjudicaciones que ya estaban decididas de antemano.
Ingeniería administrativa: el proceso de valoración invertido
El hallazgo más alarmante de la UCO reside en lo que denominan una inversión del procedimiento lógico de contratación. En un proceso transparente, las ofertas técnicas se analizan de forma objetiva para derivar una puntuación final. Sin embargo, en los contratos adjudicados a la UTE de Barrabés, los investigadores detectaron que el camino fue el inverso: primero se fijaba la calificación necesaria para que el empresario resultara ganador y, posteriormente, se redactaban los informes técnicos para que encajaran con esa cifra.
Esta decisiva arbitrariedad se manifiesta en el uso de criterios subjetivos que carecían de uniformidad. Los agentes señalan que:
- Se impusieron puntuaciones concretas antes de finalizar el análisis de las propuestas.
- Los textos de valoración fueron «volcados» en los informes oficiales solo para dar cobertura legal a decisiones previas.
- Existió una falta de coherencia en la aplicación de los baremos entre los distintos licitadores, perjudicando sistemáticamente a la competencia.
Tácticas de ocultación y ajustes de última hora
Para evitar que estas irregularidades saltaran a la vista de los organismos de control, el informe de la Guardia Civil detalla maniobras de enmascaramiento. En varios expedientes, se realizaron revisiones a la baja de otras empresas que presentaban ofertas competitivas, con el único objetivo de ampliar la brecha de puntos a favor del grupo Barrabés. Estas modificaciones no respondían a deficiencias reales en los proyectos presentados, sino a una necesidad de ajuste estadístico para blindar la adjudicación principal.
Incluso una vez concluido el proceso formal, las fichas de los evaluadores individuales fueron alteradas para alinearse con los resultados definitivos publicados. Esta manipulación a posteriori demuestra, según la investigación, una voluntad deliberada de alterar el devenir de las licitaciones, convirtiendo la concurrencia pública en un simulacro administrativo.
El precedente del ‘Libro Blanco’ y la UTE con KPMG
La sombra de la sospecha no se limita a un solo contrato. La UCO ha identificado patrones similares en otros expedientes, como el que involucra a la unión temporal de empresas formada por Barrabés y KPMG. En este caso específico, se detectó la ausencia de un documento fundamental exigido por los pliegos de condiciones: el denominado ‘Libro blanco’.
A pesar de que este documento era un requisito indispensable para obtener puntuación en los criterios sujetos a juicio de valor, la mencionada UTE recibió la máxima calificación posible. El informe subraya que este hecho fue omitido deliberadamente en los informes de valoración públicos, lo que refuerza la tesis de un trato de favor sistémico hacia los intereses del empresario vinculado al caso Begoña Gómez.
Implicaciones legales y el foco de la Fiscalía Europea
El escenario se complica para los implicados debido a la procedencia de los fondos. Al tratarse de partidas vinculadas a fondos de la Unión Europea, la Fiscalía Europea ha tomado cartas en el asunto, solicitando el análisis exhaustivo de los correos electrónicos que ahora comprometen la gestión de Red.es. El juez Juan Carlos Peinado investiga delitos que van desde la prevaricación hasta el fraude contra los intereses financieros de la UE.
Este nuevo informe de la UCO se convierte en una pieza clave para la instrucción, ya que aporta pruebas documentales sobre cómo se habrían vulnerado los principios de igualdad, mérito y capacidad en la contratación pública española, bajo un esquema que parece haber beneficiado de manera exclusiva a un entorno empresarial muy específico.