La sede central de Tubos Reunidos en Bilbao se ha convertido en el epicentro de una operación judicial que sacude los cimientos de la relación entre el sector industrial y el poder político. Durante una jornada maratoniana de casi diez horas, efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han intervenido las oficinas de la compañía vasca, buscando pruebas sobre una presunta red de influencias que habría facilitado la concesión de rescates públicos millonarios.
Bajo la dirección del magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, la investigación se ha extendido también a la planta de la empresa en Amurrio (Álava) y a las dependencias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Madrid. Este movimiento judicial se enmarca en una pieza separada del denominado caso Leire Díez, que indaga si existió una estructura organizada para mediar en favor de empresas privadas ante el Ejecutivo.
La estructura de intermediación: El grupo Hirurok
El núcleo de las sospechas reside en la actuación de un colectivo identificado como Hirurok (Nosotros tres, en euskera). Según los informes policiales, este grupo estaría compuesto por la exmilitante socialista Leire Díez, el que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso. Los investigadores sostienen que este triunvirato habría operado como un puente decisivo para desbloquear una ayuda financiera de 112,8 millones de euros destinada a la mercantil alavesa.
Las diligencias sugieren que esta mediación no fue gratuita ni desinteresada. Se han detectado pagos que suman casi 115.000 euros canalizados a través de sociedades instrumentales, presuntamente como contraprestación por las gestiones realizadas para garantizar que el préstamo estatal llegara a buen puerto en un momento de incertidumbre económica para la siderúrgica.
- Intervención de documentación contable y correos electrónicos en las sedes de Bilbao y Álava.
- Análisis de la trazabilidad de los pagos emitidos por Tubos Reunidos hacia consultoras externas.
- Requerimiento de los expedientes completos de concesión de ayudas en la sede de la SEPI.
El factor Ferraz: Encuentros bajo sospecha
Uno de los puntos más polémicos de la investigación apunta directamente a la calle Ferraz. La UCO ha puesto el foco en una anotación hallada en una agenda personal de Leire Díez, donde se detalla una reunión celebrada el 13 de noviembre de 2024 en el despacho de Santos Cerdán, por aquel entonces secretario de Organización del PSOE. A dicho encuentro habrían asistido, además de Díez, dos altos directivos de la empresa metalúrgica.
La hipótesis policial plantea que Santos Cerdán pudo haber actuado como el último eslabón de presión política para «impulsar» los expedientes cuando estos sufrían retrasos administrativos. Esta operativa no se habría limitado al otorgamiento inicial del préstamo, sino que se habría prolongado hasta 2025 con el fin de obtener condiciones más ventajosas en el aplazamiento de los intereses de la deuda acumulada con el Estado.
Consecuencias legales y nuevas líneas de investigación
El levantamiento parcial del secreto de sumario ha revelado que la red también habría buscado el apoyo de otras formaciones políticas, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), para asegurar la viabilidad de la operación financiera. El juez Pedraz intenta determinar ahora si estos contactos constituyen un delito de tráfico de influencias o malversación de fondos públicos.
Mientras la Audiencia Nacional analiza el material incautado en los registros, la sombra de la corrupción planea sobre los mecanismos de control de la SEPI. Los próximos meses serán determinantes para dilucidar si los pagos facturados por figuras como Vicente Fernández a Tubos Reunidos —que ascienden a unos 40.000 euros adicionales en una segunda fase— corresponden a servicios reales o si forman parte de un engranaje de favores políticos pagados con dinero público.