Estrategia de defensa: El origen partidista de los fondos en metálico
La comparecencia de Patricia Úriz en la Audiencia Nacional ha marcado un punto de inflexión en la narrativa judicial del caso que rodea al exasesor ministerial Koldo García. Durante su declaración ante el magistrado Ismael Moreno, la que fuera pareja del asesor de Transportes ha sostenido una tesis contundente: la liquidez en efectivo que manejaba el entorno familiar procedía directamente de las arcas del PSOE. Esta afirmación busca desactivar las sospechas de blanqueo o comisiones irregulares derivadas de los contratos de material sanitario durante la crisis de la COVID-19.
Bajo la dirección jurídica de la letrada Leticia de la Hoz, Úriz optó por un silencio selectivo, respondiendo únicamente a las cuestiones planteadas por su propia defensa. El núcleo de su testimonio se centró en desvincular el flujo de billetes de cualquier actividad ilícita, sugiriendo que la gestión de fondos vinculados a la formación política explicaba la presencia de dinero en metálico en su ámbito doméstico.
Contradicciones con la UCO sobre el incremento patrimonial
Uno de los pilares más complejos de la investigación reside en el informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Los investigadores estiman que el patrimonio de los implicados experimentó un crecimiento injustificado cercano a los 1,5 millones de euros. Sin embargo, Úriz ha negado de forma tajante tales cifras, calificando de inexistente ese presunto enriquecimiento durante los años de la pandemia.
Para reforzar esta postura, se ha hecho especial hincapié en la trazabilidad de los pagos institucionales. Según fuentes cercanas al proceso, la defensa sostiene que:
- Los gastos vinculados al Ministerio de Transportes se gestionaban exclusivamente mediante transferencia bancaria.
- No existía un solapamiento entre los fondos públicos reembolsados y el efectivo familiar.
- La contabilidad personal de Úriz no refleja las anomalías señaladas por los agentes de la Benemérita.
Implicaciones judiciales y el escenario político
Al señalar al PSOE como la fuente del efectivo, la defensa traslada la carga de la prueba hacia la operativa interna de la formación, lo que añade una capa de complejidad política al proceso penal. Esta táctica no solo intenta proteger el patrimonio de Úriz, sino que también busca justificar un estilo de vida que la Fiscalía Anticorrupción considera incompatible con los ingresos declarados por la investigada.
La declaración deja abiertas varias incógnitas sobre cómo se auditaban esos fondos y si la estructura del partido avalará la versión ofrecida en la sede judicial. Mientras tanto, el juez Moreno deberá contrastar esta nueva versión con los movimientos bancarios y las adquisiciones inmobiliarias que la UCO sigue analizando al detalle para determinar si el origen del capital es, efectivamente, orgánico o fruto de la corrupción en la compra de mascarillas.
