Dieciocho meses después de la tragedia que asoló la provincia de Valencia, la brecha entre las instituciones y los damnificados parece más profunda que nunca. Las principales organizaciones civiles, entre las que destacan la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre y la Asociación de Víctimas Mortales, han tomado una determinación drástica: no acudirán a la cita programada con el Comisionado para la Recuperación y la Dirección General de Atención a las Víctimas.
Un orden del día alejado de la emergencia cotidiana
El motivo principal del rechazo radica en lo que las víctimas califican como una «desconexión absoluta» con la realidad del terreno. Mientras que el Consell propone una agenda centrada en la presentación de la Mesa Permanente de Trabajo y el lanzamiento de unas jornadas internacionales sobre catástrofes, quienes perdieron sus hogares y negocios reclaman soluciones tangibles. Para los afectados, este enfoque es una muestra de que la administración sigue priorizando la proyección institucional y la comunicación antes que la gestión operativa de la crisis.
La crítica es unánime entre los colectivos y los Comités locales de Emergencia y Reconstrucción (Cler): no se puede hablar de protocolos académicos cuando existen familias con una incertidumbre total sobre las ayudas al alquiler. La ausencia de puntos específicos en el orden del día sobre la rehabilitación de viviendas o el estado de los comercios locales ha sido el detonante final para este desplante colectivo.
Las asignaturas pendientes de la reconstrucción
Para las víctimas, la lista de tareas no resueltas es extensa y afecta a pilares fundamentales del bienestar social. El malestar se intensifica al comprobar que cuestiones críticas no figuran en las prioridades de la Generalitat:
- La parálisis en la actualización de las ayudas destinadas a autónomos y pequeñas empresas que aún no han podido recuperar su actividad.
- La precariedad en la red de salud mental comunitaria, esencial para tratar el trauma postraumático tras año y medio de la catástrofe.
- La falta de un plan de infraestructuras educativas que garantice la vuelta a la normalidad en los centros escolares afectados.
- La ausencia de una planificación real ante futuras emergencias y una revisión profunda de los sistemas de alerta temprana.
Además, denuncian que problemas logísticos básicos, como el funcionamiento de ascensores en edificios dañados o la limpieza de aparcamientos, siguen sin ser abordados con la urgencia que requieren, relegando a los ciudadanos a una situación de vulnerabilidad persistente.
Crisis de confianza y responsabilidades políticas
Más allá de la gestión técnica, el rechazo a la reunión tiene una fuerte carga de denuncia política. Las asociaciones recalcan que es «inadmisible» que, tras una negligente gestión de la emergencia el 29 de octubre, el Ejecutivo autonómico no haya depurado responsabilidades internas. El hecho de que las mismas figuras políticas que gestionaron la crisis inicial sigan al frente de la recuperación es visto como un obstáculo para la confianza pública.
La presión se dirige directamente hacia el president Pérez Llorca, a quien afean mantener la protección política sobre Carlos Mazón. Según los comunicados emitidos, las víctimas se niegan a ser utilizadas como «figurantes» en un escenario de propaganda institucional mientras el núcleo del problema —la asunción de culpas y la reparación integral— sigue bloqueado por intereses partidistas.
En definitiva, el mensaje de los damnificados es claro: no habrá diálogo posible mientras la agenda política no coincida con las necesidades humanas. La reconstrucción de Valencia no solo requiere cemento y presupuestos, sino también una transparencia y una sensibilidad que, a ojos de las víctimas, la administración actual todavía no ha demostrado tener.