La tensión en la Cámara Baja ha alcanzado un nuevo punto crítico tras la ofensiva legal emprendida por el grupo parlamentario Vox contra la gestión de la presidencia. En un escrito registrado ante la Mesa del Congreso, la formación denuncia lo que consideran una «permisividad sistemática» de Francina Armengol frente a las interrupciones provocadas por invitados vinculados a las fuerzas que sostienen al Gobierno.
Desafío institucional: Vox cuestiona la imparcialidad de la presidencia
El núcleo de la queja reside en el presunto abandono de las funciones de arbitraje que corresponden a la máxima autoridad del hemiciclo. Según el partido liderado por Santiago Abascal, la presidencia está permitiendo que el decoro parlamentario se diluya bajo una gestión que califican de sesgada. Vox sostiene que las manifestaciones públicas y protestas desde la tribuna no son incidentes aislados, sino una estrategia consentida que altera el normal desarrollo de las sesiones plenarias.
Para la formación, la figura de Francina Armengol no solo debe actuar como moderadora, sino como garante de que las reglas del juego se apliquen con la misma contundencia a todos los sectores. La crítica principal se centra en que, ante ataques directos a diputados de la oposición, la respuesta institucional ha sido, a su juicio, meramente testimonial y carente de consecuencias jurídicas reales para los infractores.
Cronología de la discordia: El Sindicato de Inquilinas y otros episodios
El escrito presentado detalla varios momentos donde la seguridad y el orden de la Cámara se vieron comprometidos. A diferencia de otras ocasiones, Vox pone el foco no solo en el activista que grita, sino en el respaldo político que reciben dentro del propio salón de plenos.
- 21 de abril de 2026: Miembros del Sindicato de Inquilinas boicotearon la intervención de la popular María Soledad Cruz-Guzmán. Pese a la expulsión, Vox denuncia que no hubo una llamada al orden formal ni represalias contra los grupos que facilitaron su entrada.
- 27 de enero de 2026: Tras la caída del Real Decreto-ley 16/2025, una activista increpó a los representantes parlamentarios. En este caso, el agravante señalado es el aplauso explícito de diputados de Sumar y el PSOE, lo que para Vox supone una validación institucional de la coacción.
Exigencia de sanciones: Responsabilidad para los grupos invitantes
La propuesta de Vox introduce un giro en la gestión de estas crisis: la corresponsabilidad política. El grupo parlamentario insta a que las sanciones no recaigan únicamente sobre los ciudadanos expulsados, sino sobre los partidos políticos que actúan como «anfitriones» de estos perfiles disruptivos. Según el reglamento vigente, la presidencia ostenta la autoridad máxima sobre la policía parlamentaria y tiene la potestad de ejecutar desalojos y aplicar medidas disciplinarias.
La formación insiste en que la falta de castigo fomenta la reiteración de incidentes. Por ello, solicitan formalmente que Armengol actúe con la «objetividad e imparcialidad» que el cargo exige, aplicando el régimen sancionador a los grupos responsables de introducir a personas que vulneren el buen decoro de la soberanía nacional.
El Reglamento del Congreso en el punto de mira
Este movimiento jurídico busca forzar una interpretación estricta del Reglamento del Congreso. En un entorno donde la polarización es máxima, Vox advierte que permitir que la tribuna de invitados se convierta en un escenario de protesta partidista desvirtúa la esencia del debate legislativo. La petición final es clara: evitar que la alteración del orden sea utilizada como una herramienta de presión política bajo el amparo, por acción u omisión, de la Presidencia de la Cámara.