La reciente edición de la carrera en favor del euskera ha derivado en un complejo escenario judicial. La formación política Vox ha formalizado una denuncia ante la Audiencia Nacional dirigida contra AEK, la entidad que coordina la Korrika, bajo la acusación de haber permitido y fomentado actos que suponen un enaltecimiento del terrorismo y un agravio directo a la memoria de las víctimas de la banda armada ETA.
Implicaciones penales por la presencia de condenados en el evento
El núcleo de la acusación se centra en la participación de figuras vinculadas históricamente con la organización terrorista en momentos clave del recorrido. Según el escrito presentado por los servicios jurídicos de Vox, se considera inaceptable que individuos como Mikel San Argimiro, Balbino Sáenz de la Maza y Xabier Atristain hayan tenido un papel protagonista al portar el testigo oficial de la carrera.
Para los denunciantes, este hecho no es una coincidencia aislada, sino un reconocimiento público que busca normalizar figuras condenadas por su pasado criminal. Este protagonismo, sumado a los vítores y muestras de apoyo recibidas durante su intervención, constituye, a juicio del partido, un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, especialmente al ocurrir en emplazamientos con una fuerte carga simbólica como el Casco Viejo de San Sebastián.
La presunta inacción de AEK como organizadora
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en la responsabilidad de la entidad AEK. Vox sostiene que la organización disponía de los mecanismos necesarios para evitar que la carrera se transformara en una plataforma de reivindicación política proetarra, pero que optó por una pasividad deliberada.
- Exhibición de fotografías de presos de ETA en múltiples tramos de Navarra y el País Vasco.
- Uso de simbología relacionada con la banda en prendas de vestir, incluso portadas por menores de edad.
- Gritos de apoyo y pancartas en localidades estratégicas como Getxo, Pamplona o Lasarte.
La formación subraya que la gravedad de los hechos se ve potenciada por la difusión masiva en redes sociales y medios de comunicación, lo que multiplica el impacto del mensaje y profundiza el daño moral a quienes sufrieron la violencia de la banda terrorista en décadas pasadas.
Diligencias solicitadas y el camino judicial
Ante lo que consideran una reiteración de comportamientos delictivos a lo largo de todo el trayecto —que abarcó el País Vasco, Navarra y el País Vasco francés—, Vox ha solicitado que la Audiencia Nacional abra una fase de investigación exhaustiva. El objetivo es identificar no solo a los participantes individuales que portaron insignias o imágenes de terroristas, sino también esclarecer el grado de connivencia de los responsables de la Korrika.
Entre las medidas solicitadas figuran la recopilación de todo el material audiovisual disponible, la toma de declaración de los organizadores y la elaboración de informes policiales detallados sobre los incidentes registrados en cada etapa. Esta ofensiva legal se suma a las voces de colectivos como Covite o la Fundación Fernando Buesa, que han cuestionado la ética de mantener ayudas públicas para eventos donde se producen este tipo de homenajes.
En definitiva, lo que comenzó como una manifestación cultural en favor de la lengua vasca se enfrenta ahora a un proceso que busca determinar si la libertad de expresión fue utilizada como escudo para blanquear trayectorias criminales y vulnerar la dignidad de quienes fueron blanco de ETA.