La sostenibilidad del sistema de bienestar valenciano se sitúa en el centro del debate político tras la última iniciativa parlamentaria de Vox. La formación ha registrado en las Cortes Valencianas una proposición no de ley de carácter urgente que busca transformar los criterios de acceso a la administración pública, bajo la premisa de que los recursos limitados deben reservarse preferentemente para quienes han contribuido históricamente al Estado mediante su trabajo y tributos.
Inspiración en el modelo de Extremadura para la Comunidad Valenciana
Esta ofensiva legislativa no es un hecho aislado, sino que toma como referencia directa el acuerdo de gobierno en Extremadura. Vox pretende que Valencia sea la siguiente autonomía en implementar la prioridad nacional como eje vertebrador del acceso a la vivienda y a las subvenciones sociales. Según el planteamiento de los portavoces José María Llanos y David Muñoz, el objetivo es revertir lo que consideran una anomalía administrativa: la equiparación de derechos entre ciudadanos españoles e inmigrantes en situación irregular.
Reformas estructurales en Sanidad y Seguridad Social
El núcleo de la propuesta exige modificaciones profundas en la gestión de los fondos públicos. Vox ha solicitado explícitamente al Consell —presidido por el PP— que inste al Gobierno central a cambiar la normativa vigente para que las pensiones no contributivas y diversas prestaciones queden reservadas exclusivamente para los nacionales. Dentro de este paquete de medidas, destacan tres ejes de actuación inmediata:
- Derogación normativa: Eliminar los decretos que facilitan la atención sanitaria con cargo a fondos públicos para extranjeros sin residencia legal.
- Restricción judicial: Suprimir la asistencia jurídica gratuita para aquellos extranjeros inmersos en procesos de expulsión del país.
- Repatriación efectiva: Exigir el retorno a sus países de origen de todos los inmigrantes que hayan accedido a España de forma ilegal.
Emergencia habitacional y crisis de seguridad ciudadana
Para la formación, la actual emergencia habitacional y la degradación de los servicios públicos no son problemas coyunturales, sino la consecuencia de una «gestión deficiente» por parte del bipartidismo. El escrito presentado denuncia que la inmigración masiva y descontrolada ha tensionado las costuras del Estado hasta extremos insostenibles, afectando no solo a la economía, sino también a la convivencia y al orden público.
La argumentación de Vox sostiene que quienes sostienen el sistema con su esfuerzo diario están siendo «postergados» frente a colectivos que no han contribuido de igual manera. En este sentido, vinculan el aumento de la criminalidad y la falta de vivienda protegida con las políticas migratorias actuales, proponiendo un cambio de paradigma donde el ciudadano nacional recupere la centralidad en el reparto de las ayudas del Estado.
Hacia un nuevo contrato social en la autonomía
En definitiva, esta propuesta en Les Corts busca forzar un posicionamiento claro del Ejecutivo valenciano respecto a la gestión migratoria. Al invocar el principio de contribución y sacrificio, Vox plantea un desafío al modelo de asistencia universal, defendiendo que la protección institucional debe priorizar, sin ambigüedades, a sus propios ciudadanos como medida esencial para evitar el colapso de los servicios públicos y garantizar la seguridad en los barrios.