La gestión de la seguridad ciudadana durante los procesos electorales se traslada al terreno judicial tras los graves altercados vividos en La Coruña. La formación política liderada por Santiago Abascal ha formalizado una querella ante el Tribunal de Instancia contra Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, señalándolo como responsable administrativo de un despliegue que derivó en violencia y múltiples heridos.
Fallo en la prevención: La cronología del conflicto institucional
El núcleo de la acusación reside en la presunta negligencia al permitir la coexistencia de dos convocatorias antagónicas en un mismo espacio y tiempo. Según el escrito jurídico, el partido comunicó la realización de su mitin el 16 de octubre. Solo un día después, la organización Galiza Nova notificó una contramanifestación programada apenas treinta minutos antes del acto principal.
A pesar de que existieron advertencias previas enviadas tanto a la Junta Electoral Provincial como a la Subdelegación del Gobierno el día 20 de octubre, no se establecieron perímetros de seguridad suficientes para disuadir el enfrentamiento. Esta coincidencia en la Plaza de Pontevedra es vista por los querellantes no como un error de agenda, sino como una posible prevaricación administrativa al no velar por el derecho de reunión lícita.
El balance de los disturbios: Policías heridos y daños materiales
Lo que comenzó como una protesta política escaló rápidamente hacia una situación de desorden público que desbordó las capacidades iniciales de los agentes. El impacto de la violencia dejó un rastro de destrucción en el centro de la ciudad herculina:
- Doce agentes de la Policía Nacional resultaron heridos por el lanzamiento de objetos contundentes como adoquines y piedras.
- Una profesional de los medios de comunicación necesitó asistencia médica tras sufrir el impacto de un proyectil en una pierna.
- Se registraron daños severos en el mobiliario urbano, infraestructuras de hostelería y en al menos un vehículo patrulla.
- La intervención policial incluyó varias cargas para dispersar a los manifestantes, prolongándose la tensión durante más de tres horas por las calles aledañas.
Estrategia jurídica: Delitos electorales y odio ideológico
La querella no se limita únicamente a la actuación de la Delegación del Gobierno, sino que apunta directamente a los organizadores de la concentración opositora. La estrategia legal busca que se investiguen delitos de incitación al odio y perturbación de acto legítimo. Un punto clave de la demanda es la solicitud de aplicar la agravante de discriminación ideológica, argumentando que los ataques no fueron aleatorios, sino dirigidos específicamente contra los asistentes por su afinidad política.
Para los servicios jurídicos del partido, la pasividad institucional permitió que se vulneraran derechos cívicos fundamentales. El proceso judicial ahora deberá determinar si existió una voluntad deliberada de desprotección o si el dispositivo de seguridad fue simplemente insuficiente ante la agresividad de los grupos que buscaban boicotear el evento electoral.
Hacia una revisión de los protocolos de seguridad en campaña
Este incidente reabre el debate sobre la responsabilidad de los delegados del Gobierno en la autorización de manifestaciones cruzadas. Mientras que el derecho a la protesta está blindado constitucionalmente, el límite se establece en la preservación del orden y la integridad física. La resolución de esta querella marcará un precedente sobre cómo deben actuar las autoridades cuando se detectan riesgos evidentes de confrontación civil en espacios públicos, especialmente durante periodos de alta sensibilidad política.