La comparecencia de las inspectoras del Ministerio de Transportes ante el Tribunal Supremo ha arrojado una luz crítica sobre la gestión de la compra de material sanitario durante la pandemia. Según el testimonio de las funcionarias encargadas de auditar el proceso, la decisión de elevar el pedido de mascarillas de cuatro a ocho millones de unidades se produjo en un intervalo de apenas 38 minutos, careciendo por completo de un sustento técnico que justificara tal incremento patrimonial en el contrato adjudicado a Soluciones de Gestión.
Cronología de una decisión sin respaldo documental
El núcleo de la investigación se centra en la rapidez con la que se modificó la orden de adquisición para Puertos del Estado. Las auditoras Sara Anguita, Ana Balbás y Belén Roel explicaron que, tras analizar exhaustivamente los correos electrónicos y realizar entrevistas con los implicados, no hallaron ni rastro de un informe o documento que explicara por qué se pasó de una previsión de consumo de 15 días a una de 30 días en menos de una hora.
Aunque la defensa de José Luis Ábalos y Koldo García sostiene que existía una hoja de cálculo tipo Excel que justificaba las necesidades, las peritos fueron contundentes: ninguna de las personas entrevistadas supo explicar el motivo del cambio. La empresa suministradora, vinculada a Víctor de Aldama, habría condicionado la operación bajo la premisa de «ocho millones o nada», una presión comercial que parece haber pesado más que los propios criterios de eficiencia administrativa.
El rol de Koldo García y las anomalías en la selección
Uno de los puntos más controvertidos destacados en la sede judicial fue la omnipresencia de Koldo García, asesor del entonces ministro, en todas las fases del contrato. Las inspectoras señalaron como una anomalía que fuera el propio asesor quien entregara la oferta en papel directamente al subsecretario de Estado, puenteando los canales habituales de contratación.
- Intervención directa: Presencia constante del asesor en la negociación por encima de los cargos técnicos.
- Criterios subjetivos: Se eligió a Soluciones de Gestión bajo el argumento de que ya tenían un avión con material, algo que las inspectoras no consideran una base técnica válida.
- Falta de concurrencia: La oferta llegó de la mano de personal ajeno al departamento de contratación.
Sombras en la distribución: Millones de mascarillas sin rastro
Más allá de la adjudicación, la auditoría interna encargada por el actual ministro Óscar Puente pone el foco en la logística posterior. De los ocho millones de unidades adquiridas para el ámbito del transporte, existe un vacío documental alarmante. Las peritos admitieron que solo se ha podido acreditar mediante albaranes y justificantes la entrega de una fracción del pedido, quedando aproximadamente 6,8 millones de mascarillas en un limbo administrativo sin constancia de recepción por parte de los destinatarios finales.
Este descontrol en la fase de reparto refuerza la tesis de las «irregularidades graves» mencionadas en el informe, que el exministro Ábalos ha intentado descalificar tildándolo de «tribunal de honor». La defensa insiste en que los medios de la auditoría fueron limitados y que se sesgó la información al omitir anexos clave, una estrategia que busca invalidar el informe que ha servido de base para su imputación.
Consecuencias legales y fractura política en Transportes
La tensión entre el equipo de auditoría y los exresponsables del ministerio fue palpable durante la ratificación del informe. Las funcionarias defendieron su deber de sigilo y la profesionalidad de su trabajo, a pesar de las críticas por la difusión pública del documento en el Senado por parte de Puente. Para las inspectoras, la materia de la auditoría estaba estrictamente definida por orden ministerial y se ciñó a los recursos disponibles, como los servidores de correo corporativo.
En conclusión, el testimonio ante el Supremo refuerza la sospecha de que la compra de material sanitario durante la etapa de Ábalos no respondió a una planificación logística reglada, sino a una serie de decisiones impulsivas influenciadas por agentes externos al funcionariado de carrera. El caso deja al descubierto una estructura de toma de decisiones donde el asesoramiento técnico fue sustituido por la urgencia injustificada y la mediación de figuras bajo sospecha.