En una sesión marcada por la contundencia de sus declaraciones, Jordi Pujol Ferrusola ha roto su silencio en la Audiencia Nacional. El primogénito del ex-president catalán no solo ha intentado blindar el origen de la fortuna familiar en el extranjero, sino que ha introducido un matiz polémico en su defensa: la admisión de haber cobrado por suministrar información privilegiada. Lo que para la fiscalía son comisiones ilícitas, para el acusado eran servicios de asesoría basados en datos que «no se tienen» en el momento oportuno.
La tesis del asesoramiento: ¿Información privilegiada o tráfico de influencias?
El núcleo de la defensa de Pujol Ferrusola se sostiene sobre una línea muy delgada entre la consultoría legítima y el aprovechamiento de su posición. Ante el tribunal, ha mantenido que los ingresos millonarios recibidos de diversas corporaciones no eran mordidas por adjudicaciones públicas, sino el pago por un conocimiento estratégico del mercado. Según su versión, las empresas le pagaban por su capacidad de anticipación y su acceso a datos exclusivos.
Esta estrategia busca desactivar la petición de 29 años de prisión que solicita el fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo. La acusación sostiene que el clan Pujol operó como una organización jerarquizada para el enriquecimiento ilícito, mientras que el primogénito intenta presentar sus negocios como actividades de mercado convencionales, aunque basadas en activos intangibles de alto valor político y económico.
El enigma de la herencia: El miedo de Florenci Pujol
Uno de los pilares del relato familiar ha sido siempre la famosa «deixa» o legado del abuelo Florenci. Jordi Pujol Ferrusola ha aportado nuevos detalles sobre la psicología detrás de esos fondos ocultos en Andorra. Según el acusado, su abuelo desconfiaba profundamente de la estabilidad de España y del destino político de su hijo, Jordi Pujol i Soley.
- 1976-1977: Primeras nociones vagas sobre la existencia de un fondo de protección familiar.
- Septiembre de 1980: Reunión clave donde el ex-president comunica a su familia la existencia del legado.
- 1990: Jordi Pujol Ferrusola asume personalmente la gestión de los fondos tras el control de Joaquim Pujol.
- Patrimonio inicial: Aproximadamente 110 millones de pesetas en dólares y 390 millones en deuda pública internacional.
El procesado ha enfatizado que este dinero nunca estuvo vinculado a la actividad política de la Generalitat, sino que era una suerte de seguro de vida familiar gestionado de manera independiente por él mismo desde la década de los 90, desvinculando totalmente a sus hermanos de la toma de decisiones financieras en el Principado.
Expansión internacional y el retorno bajo el lema «España va bien»
La declaración también ha recorrido la geografía de las cuentas del primogénito. Aunque ha admitido haber manejado fondos en México y Suiza, ha insistido en que su origen es estrictamente lícito y fruto de su expansión empresarial fuera de las fronteras catalanas. Para el acusado, su intención era evitar la «contaminación política» que su apellido generaba en Cataluña.
Curiosamente, ha situado su regreso operativo a España en el cambio de milenio, citando el optimismo económico de la era de José María Aznar. Durante este periodo, su red de negocios se extendió a proyectos tan diversos como:
- Gestión de residuos en el vertedero de Tivissa, donde multiplicó una inversión inicial de forma exponencial.
- Inversiones logísticas en la Terminal Puerto de Rosario, en Argentina, de la cual acabó retirándose por discrepancias con sus socios.
- Actividades de consultoría para empresas del grupo Sumarroca y colaboraciones con el fallecido Carles Vilarrubí.
Cuestionamiento de las pruebas y relaciones personales
Pujol Ferrusola no ha dudado en tildar de «mentiras» las acusaciones derivadas de la denuncia de Victoria Álvarez en 2012, asegurando que la afloración del patrimonio en Andorra no fue una reacción al miedo, sino un proceso independiente. Asimismo, ha intentado descargar responsabilidades administrativas en su exmujer, Mercè Gironès, afirmando que él se limitaba a la parte estratégica mientras ella y sus asesores fiscales manejaban la burocracia bancaria.
Con una actitud desafiante, ha defendido la pulcritud de sus operaciones con empresarios como Gustavo Buesa o Josep Mayola, asegurando que «lo que he hecho está bien hecho». Sin embargo, la sombra de la corrupción sistémica sigue planeando sobre la sala, especialmente tras reconocer beneficios de cinco millones de euros en operaciones donde apenas invirtió unos pocos miles, justificándolo como una ganancia por «riesgo».
El juicio continuará con el análisis detallado de sus movimientos bancarios en el extranjero, un bloque que la fiscalía considera fundamental para demostrar que el flujo de capitales no respondía a herencias románticas, sino a una compleja red de blanqueo de capitales procedentes del erario público.