La actual política penitenciaria en el País Vasco ha cruzado una línea crítica según el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). La organización ha alzado la voz contra lo que define como una estrategia de amnistía encubierta, orquestada mediante la concesión sistemática de beneficios penitenciarios a miembros de la banda terrorista ETA. Según la plataforma liderada por Consuelo Ordóñez, el Ejecutivo autonómico está priorizando el vaciamiento de los centros penitenciarios sobre los principios de justicia y reinserción real.
El arrepentimiento instrumental como salvoconducto
Uno de los puntos más controvertidos en la denuncia de Covite es la validación de cartas de arrepentimiento que carecen de sinceridad. Para el colectivo, estos documentos no son más que un trámite administrativo diseñado para cumplir con la apariencia de legalidad. Se critica que el Gobierno Vasco acepte manifestaciones privadas de rechazo a la violencia que no vienen acompañadas de hechos objetivos ni de una desvinculación pública del entorno que aún hoy legitima el terrorismo.
- Documentación «ad hoc»: Existen casos donde las cartas de perdón se redactan apenas 24 horas antes de la concesión del tercer grado.
- Falta de colaboración: No se exige a los reclusos una ayuda eficaz para esclarecer crímenes pendientes.
- Carácter privado: La ausencia de actos públicos de arrepentimiento impide verificar la autenticidad del cambio ideológico del preso.
Esta falta de rigor ha sido respaldada por recientes decisiones judiciales. El magistrado José Luis Castro, del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, ha revocado medidas similares en el pasado, advirtiendo que los beneficios de semilibertad no pueden ser utilizados como «atajos» legales. Para las víctimas, estas resoluciones confirman que el sistema está siendo forzado para favorecer a los condenados por delitos de terrorismo.
Casos paradigmáticos: El desafío de ‘Gadafi’
La denuncia pone el foco en nombres propios que simbolizan esta supuesta arbitrariedad. El caso de Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como ‘Gadafi’, resulta especialmente alarmante para las víctimas. Este recluso, responsable de atentados con víctimas infantiles, ya vio revocado su tercer grado anteriormente por la justicia. Sin embargo, el Ejecutivo de Vitoria ha vuelto a concederle la semilibertad, lo que Covite interpreta como un desafío directo a los tribunales.
Junto a él, la situación de Eneko Gogeaskoetxea refuerza la tesis de una política deliberada. Covite sostiene que no se trata de errores administrativos aislados, sino de una hoja de ruta que sigue las directrices de la izquierda abertzale para facilitar la salida de los presos de ETA sin cumplir con las exigencias éticas mínimas. La insistencia en beneficiar a perfiles con amplios historiales delictivos pone en entredicho la imparcialidad de las juntas de tratamiento dependientes del Gobierno Vasco.
El papel de la justicia frente al fraude de ley
Ante lo que consideran una «traición al espíritu de la ley», Covite ha apelado directamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El colectivo insta a los fiscales a actuar como último dique de contención, recurriendo sistemáticamente cada progresión de grado que no esté sustentada en una evolución real y comprobable del interno. La organización recuerda que la propia Audiencia Nacional ya sentó jurisprudencia en 2023, dictaminando que las frases genéricas de rechazo a la violencia no son suficientes para acceder al tercer grado.
En conclusión, el escenario actual dibuja una tensión institucional creciente. Mientras el Ejecutivo autonómico del PNV y PSE defiende su modelo de reinserción, las víctimas denuncian que se está construyendo un sistema de impunidad de facto. La exigencia es clara: la legalidad penitenciaria debe ser una herramienta de justicia, no un mecanismo político para satisfacer las demandas de los herederos políticos de la organización terrorista.