La situación jurídica de Luis ‘Alvise’ Pérez en la Eurocámara se complica de manera significativa. El Tribunal Supremo, a través de una resolución firmada por el magistrado Manuel Marchena, ha remitido formalmente una solicitud de suplicatorio a la presidencia del Parlamento Europeo. El objetivo es despojar al líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) de su protección parlamentaria para que pueda ser procesado por presuntas infracciones penales que afectan a sus propios excompañeros de formación.
El origen del conflicto: De la discrepancia política al acoso digital
El núcleo de esta nueva ofensiva legal no reside en la actividad parlamentaria ordinaria, sino en las acciones comunicativas del eurodiputado a través de canales digitales. La querella que ha motivado este movimiento judicial fue presentada por Diego Solier y Nora Junco, quienes ocuparon puestos de relevancia en la lista electoral de SALF. Ambos denuncian haber sido víctimas de una campaña de acoso sistemático y de la filtración de sus datos de contacto personales.
Los hechos se remontan a una serie de intervenciones de Alvise en formato podcast y redes sociales. Según el auto judicial, el líder de SALF habría señalado a sus compañeros por su postura en una votación referente al rearme europeo, instando a sus cientos de miles de seguidores a «pedir explicaciones» de manera agresiva. Esta conducta, que incluyó la supuesta difusión de teléfonos y correos, derivó en un torrente de amenazas e insultos que obligó a los afectados a modificar radicalmente su vida cotidiana y sus métodos de comunicación con el electorado.
La interpretación de Marchena: La inmunidad no es un cheque en blanco
Uno de los puntos clave del análisis del Magistrado Manuel Marchena radica en la delimitación de la inviolabilidad parlamentaria. El Tribunal Supremo sostiene que las acciones de Alvise Pérez no pueden quedar protegidas bajo el paraguas de la libertad de expresión política. La justicia entiende que existe una diferencia sustancial entre la crítica feroz en un debate público y la divulgación incontrolada de datos personales con el fin de instigar el hostigamiento.
Para el instructor, el hecho de que las víctimas sean también representantes públicos no justifica el menoscabo de su integridad moral y su seguridad. Al reconocer el propio Alvise la autoría de los mensajes —aunque negando la intención de acosar—, la Sala de lo Penal considera que el proceso debe seguir su curso, algo que solo es posible si el Parlamento Europeo accede a suspender su inmunidad.
Un horizonte judicial cargado de frentes abiertos
Este suplicatorio no es un hecho aislado, sino que se suma a una lista creciente de desafíos legales para el político sevillano. Actualmente, Alvise Pérez acumula hasta cinco causas de distinta índole en el Alto Tribunal, lo que evidencia una presión judicial sin precedentes sobre su figura:
- Investigación por presunta financiación irregular de su plataforma política.
- Querella por presunto acoso a una integrante del Ministerio Fiscal en Valencia.
- Supuestas amenazas vertidas contra el alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular.
- Difusión de documentación médica falsa relacionada con el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Implicaciones para el futuro de Se Acabó la Fiesta
La fractura interna en SALF se hace evidente al ser sus propios eurodiputados quienes impulsan esta causa. La resolución de la Eurocámara, presidida por Roberta Metsola, marcará un punto de inflexión. Si se concede el suplicatorio, Alvise Pérez perderá el blindaje que le otorga el escaño para este caso concreto, permitiendo que la justicia española determine si su estrategia de comunicación digital traspasó la frontera del Código Penal.
En definitiva, este caso pone sobre la mesa el debate sobre los límites de la responsabilidad digital de los políticos. Lo que para la defensa es una forma extrema de activismo, para el Tribunal Supremo es un posible delito de revelación de secretos y hostigamiento que debe ser juzgado con todas las garantías, independientemente del cargo que ostente el investigado.