La batalla legal entre la estrella colombiana Shakira y la Agencia Tributaria española ha dado un giro de 180 grados. Tras la reciente orden de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a reintegrar más de 60 millones de euros a la artista, su defensa técnica, encabezada por el letrado José Luis Prada, se muestra tajante sobre el futuro del caso. Según el abogado, cualquier intento de recurso por parte del fisco está prácticamente condenado al fracaso debido a la solidez de los hechos probados.
Un revés financiero para el fisco español
Aunque es previsible que la Agencia Tributaria agote las vías legales e inste a la Abogacía del Estado a recurrir ante el Tribunal Supremo, Prada sostiene que el recorrido judicial de esta reclamación es mínimo. El fundamento principal reside en la residencia fiscal de la cantante durante el año 2011, un punto donde la Audiencia Nacional ha sido «inequívoca» al dar la razón a la intérprete.
El argumento de la defensa se apoya en evidencias logísticas que parecen irrefutables:
- La ausencia de Shakira en territorio español durante el periodo mínimo legal de 183 días.
- La demostración de que la artista se encontraba en plena gira mundial, lo que justificaba su presencia fuera de España.
- La falta de base administrativa para considerar a la colombiana como residente fiscal en aquel ejercicio específico.
El insólito pago de costas procesales
Uno de los aspectos más llamativos de esta resolución no es solo la cuantía millonaria a devolver, sino la condena en costas impuesta a la Administración. Este detalle es calificado por los expertos como algo «insólito» en procedimientos de esta envergadura. Para el equipo jurídico de Shakira, esto envía un mensaje claro: Hacienda inició un proceso sin los fundamentos necesarios, forzando una maquinaria administrativa que no tenía sostén real.
Contraste con el acuerdo de 2012-2014
La situación actual difiere radicalmente de la condena previa por el periodo 2012-2014, que se resolvió mediante una conformidad y el pago de siete millones de euros. En aquel momento, la decisión de la cantante no fue una admisión de culpa basada en el derecho, sino una estrategia para preservar su estabilidad emocional en un momento de cambios personales profundos.
Prada subraya que, mientras que en el pasado Shakira priorizó cerrar capítulos por salud mental, en este caso la justicia ha operado de forma plena. No obstante, el abogado lanza una reflexión crítica sobre el sistema: la capacidad de litigar contra el Estado requiere un músculo financiero que no todos los ciudadanos poseen, ya que las normativas suelen obligar al pago preventivo de las sanciones antes de que un juez dicte una sentencia final.
Con este nuevo escenario, la posición de la cantante se refuerza, dejando en evidencia las tácticas recaudatorias que, en esta ocasión, han chocado frontalmente con la realidad de una carrera internacional que impidió su arraigo fiscal en España durante el año en disputa.