La gestión de los fondos de emergencia durante la crisis sanitaria vuelve a situarse en el epicentro del debate judicial. En esta ocasión, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha recibido una querella que apunta directamente al corazón del Ejecutivo de marzo de 2021. La acción, impulsada por la formación Iustitia Europa, denuncia presuntas irregularidades en la concesión de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, señalando a los 23 integrantes de aquel Consejo de Ministros.
Los delitos imputados: Prevaricación y malversación en el foco
La querella no solo cuestiona la oportunidad del rescate, sino que se fundamenta en tipos penales de extrema gravedad como la prevaricación administrativa, la malversación de caudales públicos y el tráfico de influencias. Según el planteamiento jurídico liderado por Luis María Pardo, la decisión de inyectar capital público no fue un error técnico derivado de la urgencia del momento, sino una resolución arbitraria tomada con pleno conocimiento de que la compañía no cumplía con los estándares legales exigidos para el acceso a estas ayudas.
Insolvencia previa: El nudo gordiano del caso Plus Ultra
Uno de los pilares de la acusación reside en la situación financiera de la aerolínea antes de la irrupción del coronavirus. Los informes periciales aportados sugieren que Plus Ultra ya se encontraba en una situación de insolvencia técnica a finales de 2019, lo que la inhabilitaba automáticamente para recibir ayudas del fondo gestionado por la SEPI. La normativa del Real Decreto-ley 25/2020 era clara: aquellas empresas que ya estuvieran en crisis antes de la pandemia no podían ser beneficiarias del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
La supuesta operativa liderada por Rodríguez Zapatero
La narrativa de la querella sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como una figura central en la articulación de lo que algunos implicados denominaban internamente como una «boutique financiera». Se sostiene que el rescate fue el último eslabón de una cadena de favores y gestiones de alto nivel que permitieron la supervivencia de una entidad que, sobre el papel, carecía de liquidez suficiente para operar. Entre los puntos más controvertidos señalados por Iustitia Europa se encuentran:
- Reuniones estratégicas entre el expresidente y miembros clave del gabinete, como el entonces ministro José Luis Escrivá.
- La supuesta obtención de certificados de estar al corriente con la Seguridad Social a pesar de deudas acumuladas de casi medio millón de euros desde el año 2017.
- La canalización de los 53 millones mediante un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones, bajo una apariencia de legalidad técnica hoy cuestionada.
Consecuencias políticas y horizonte judicial
La acción legal identifica nominalmente a figuras de la administración de Pedro Sánchez, incluyendo a vicepresidentas de la época como Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera. La acusación sostiene que el Ministerio de Seguridad Social funcionó como una pieza facilitadora para desbloquear los pagos mediante certificados presuntamente mendaces o aplazamientos de deuda realizados de forma ad hoc. Ahora, el Tribunal Supremo deberá determinar si existen indicios suficientes para transformar esta querella en una causa que obligue a los exministros a rendir cuentas por la gestión de los fondos destinados a la recuperación económica tras la covid-19.