La Audiencia Nacional ha dado un paso de gigante en la investigación que rodea al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado Juan Carlos Calama ha dictado un auto contundente en el que autoriza el volcado y análisis pormenorizado de todas las comunicaciones electrónicas vinculadas al dominio «presidentezapatero.com», así como de las cuentas corporativas de sus hijas en la mercantil Whathefav SL.
El dominio «presidentezapatero.com» bajo el microscopio de la Audiencia Nacional
La investigación judicial no se limita a un rastreo superficial. La orden del juez Calama exige a los proveedores tecnológicos Acens Technologies y 10dencehispahard la entrega de la totalidad de los mensajes, incluyendo borradores, elementos enviados y, de manera crucial, los mensajes eliminados desde marzo de 2020. Según la tesis del juzgado, este dominio no era una simple herramienta de cortesía institucional, sino el nodo central de una estructura diseñada para la emisión de facturación fraudulenta.
El magistrado sostiene que existen indicios racionales de que la cuenta de correo del expresidente servía como canal de coordinación para una red orientada al tráfico de influencias. Esta decisión supone una excepción motivada al secreto de las comunicaciones, amparada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante la gravedad de los indicios de criminalidad detectados por la UDEF.
La oficina de la calle Ferraz como centro de operaciones administrativas
Uno de los puntos más polémicos del auto es la identificación de la oficina de Zapatero, ubicada en la madrileña calle Ferraz, como el cuartel general de la trama. Desde este espacio físico, María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria personal del expresidente y conocida como «Gertru», habría gestionado la operativa diaria del entramado.
Para la instrucción, «Gertru» no era una mera administrativa, sino una pieza operativa esencial. Las pesquisas sugieren que ella era la usuaria principal de la cuenta de correo investigada, utilizándola para intercambiar instrucciones con otros implicados, como Cristóbal Cano, con el fin de dotar de una apariencia de legalidad a movimientos de dinero que carecían de una prestación de servicios real.
Operativa de «Finance Boutique»: La creación de una realidad contable ficticia
El análisis de los informes de la Policía Nacional revela un modus operandi sistemático. Bajo la denominación interna de «Finance Boutique», la red se dedicaba presuntamente a la fabricación de facturas ad hoc. El juez destaca comunicaciones donde se consultaba explícitamente sobre los importes y conceptos que debían figurar en los documentos para justificar pagos de hasta 20.000 euros, ajustando la contabilidad a las necesidades financieras del momento.
- Coordinación de conceptos para facturas sin servicio subyacente.
- Alteración de importes según instrucciones directas de los pagadores.
- Uso de la infraestructura del expresidente para validar la documentación.
Este patrón de conducta evidencia, según el auto judicial, que la facturación no respondía a una economía real, sino a una estrategia de cobertura formal para blanquear o canalizar fondos de procedencia bajo sospecha.
Whathefav SL: Bajo sospecha de ser una mercantil instrumental
El foco judicial también se extiende a la empresa Whathefav SL, vinculada a las hijas de Zapatero. El juez Calama es tajante al calificar a esta sociedad como un vehículo instrumental dentro de la trama. Los flujos financieros analizados indican que la mercantil no desarrollaba una actividad empresarial ordinaria, sino que formaba parte de una estructura artificiosa destinada a canalizar fondos hacia el entorno más cercano del expresidente.
Al requerir los metadatos y el contenido íntegro de los correos del dominio @whathefav.com, la justicia busca reconstruir la trazabilidad de los fondos. Se sospecha que la sede de esta empresa servía como archivo de documentación comprometedora, donde se podrían hallar los borradores y contratos que darían sentido a la cadena de instrucciones que emanaba desde la oficina de Ferraz.
La investigación entra ahora en una fase crítica donde el análisis forense digital determinará el grado de conocimiento que el propio José Luis Rodríguez Zapatero tenía sobre estas operaciones que se ejecutaban utilizando su nombre y sus medios técnicos.