El colapso del sistema evaluador: Un pulso por el derecho a huelga
La estabilidad de las próximas Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana se encuentra en entredicho. Lo que comenzó como una reivindicación laboral ha escalado hasta convertirse en un choque institucional sin precedentes. El núcleo del conflicto reside en la decisión de la Conselleria de Educación de imponer servicios mínimos del 100 %, una medida que los docentes califican de abusiva y que, en la práctica, anula cualquier posibilidad de ejercer su derecho constitucional a la huelga durante los días clave del examen.
Ante este escenario de bloqueo, la respuesta de los examinadores no se ha hecho esperar. En lugar de someterse a una normativa que consideran ilegal, decenas de profesores han optado por la renuncia masiva a sus puestos en los tribunales evaluadores. Esta estrategia busca visibilizar la desprotección jurídica de un colectivo que se siente coaccionado por la administración autonómica, alterando el calendario organizativo previsto para el inicio de junio.
Consecuencias disciplinarias y el miedo a la inhabilitación
La tensión no es solo administrativa, sino también personal y profesional. Voces dentro del colectivo de correctores, como la de Miguel Edo, docente de Historia, advierten sobre la gravedad de las amenazas que planean sobre el profesorado. La administración ha dejado entrever que la inasistencia a los tribunales podría tipificarse como abandono de servicio o falta grave, lo que acarrearía sanciones severas bajo el régimen de la Función Pública.
- Posibles suspensiones de funciones de hasta tres años.
- Riesgo de inhabilitación absoluta o separación definitiva del cuerpo docente.
- Demandas civiles por daños y perjuicios interpuestas por la Universidad.
Este clima de presión ha forzado a muchos especialistas a tramitar su salida de los tribunales de forma oficial antes de la constitución de los mismos. En localidades como Alcoy, profesores veteranos como Agustín Zaragoza confirman que el goteo de dimisiones es constante, desafiando la narrativa oficial de normalidad que intenta proyectar el gobierno regional.
La estrategia de la Conselleria: Voluntarios y adelanto de plazos
Desde la Comisión Gestora de la PAU, liderada por Esther Gómez, la táctica ha sido el blindaje preventivo. Para contrarrestar el impacto de la huelga indefinida, que se arrastra desde mediados de mayo, se ha ordenado el adelanto de la constitución de los tribunales. El objetivo es identificar las vacantes con antelación suficiente y evitar el caos el primer día de las pruebas.
La administración asegura contar con un «ejército» de 1.500 profesores voluntarios dispuestos a cubrir los huecos dejados por los huelguistas. Sin embargo, desde la Assemblea de Professorat Corrector se cuestiona la capacidad técnica y la experiencia de este personal improvisado para mantener el rigor que exigen unas pruebas de tal relevancia para el futuro del alumnado. La celeridad con la que se han convocado reuniones telemáticas urgentes evidencia que, a pesar de los mensajes de tranquilidad, existe una preocupación real por la logística de la evaluación.
Un futuro incierto para la selectividad valenciana
El conflicto actual trasciende lo meramente económico; es un debate sobre la calidad democrática y el respeto a los derechos laborales en el sector público. Mientras los tribunales evaluadores intentan conformarse en un ambiente de hostilidad, los estudiantes observan con incertidumbre un proceso que debería ser estrictamente académico.
La resolución de esta crisis dependerá de si la Dirección General de Trabajo mantiene el respaldo a unos servicios mínimos totales o si, por el contrario, obliga a la Conselleria a negociar una salida que no vulnere la libertad sindical del profesorado. Por ahora, el estancamiento de las negociaciones sugiere que los primeros días de junio serán de alta tensión en los centros examinadores de toda la Comunitat.