El panorama legal para la protagonista de ‘Cuéntame cómo pasó’ ha dado un vuelco drástico. La Audiencia Nacional ha tomado la determinación de invalidar la sentencia que exoneraba a la actriz Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeu en el marco del polémico caso Nummaria. Esta decisión no solo anula su absolución previa, sino que impone la necesidad de celebrar una nueva vista oral encabezada por un tribunal completamente distinto al que dictó el fallo original.
Las deficiencias argumentativas tras la anulación
El núcleo de esta resolución reside en la calidad de la motivación jurídica empleada anteriormente. Según la Sala de Apelación, el veredicto que dejó libre de cargos a la intérprete carecía de una base lógica racional suficiente para sostener la absolución. Los magistrados han señalado que, si bien una instancia superior no puede dictar una condena directa tras una absolución sin repetir las pruebas, sí tiene la potestad —y el deber— de fiscalizar si el razonamiento del tribunal de instancia cumple con los estándares exigidos por el Estado de Derecho.
En este sentido, la justicia ha detectado vacíos significativos en la explicación de por qué se descartaron las pruebas de fraude fiscal presentadas por la acusación. Al no encontrar una coherencia interna en la sentencia recurrida, la única vía legal posible para garantizar la tutela judicial efectiva es la repetición del juicio, permitiendo que un nuevo panel de jueces valore los hechos desde cero.
Ajustes en la condena del cerebro de Nummaria
Mientras el proceso contra Duato se reinicia, la situación de Fernando Peña, responsable del despacho de asesores, también ha experimentado cambios. La Sala ha revisado su condena inicial de 80 años, reduciéndola ligeramente a 78 años de prisión. Este ajuste técnico se debe a dos factores principales:
- La prescripción de uno de los delitos contra la Hacienda Pública que se le imputaban originalmente.
- La corrección a la baja de las cuotas defraudadas en ciertas operaciones vinculadas a su cartera de clientes.
A pesar de esta pequeña rebaja, la justicia mantiene la visión de Peña como el arquitecto de una estructura societaria diseñada para la evasión tributaria a gran escala, utilizando el despacho Nummaria como centro de operaciones para ocultar ingresos de figuras públicas.
Un escenario de incertidumbre legal para la defensa
El retorno al banquillo supone un duro golpe para la defensa de Ana Duato, que confiaba en que el cierre del primer proceso pusiera fin a años de escrutinio público y judicial. La nueva fase del procedimiento deberá abordar de nuevo si los ingresos percibidos por la actriz fueron declarados conforme a la normativa vigente o si, por el contrario, se utilizaron sociedades instrumentales para minorar artificialmente la carga impositiva.
La obligatoriedad de que sea un tribunal diferente el que asuma la causa garantiza, en teoría, una mirada limpia sobre las pruebas, aunque prolonga la agonía procesal de los implicados. Este movimiento de la Audiencia Nacional subraya la rigurosidad con la que se están analizando los delitos de cuello blanco y la importancia de que las sentencias, ya sean condenatorias o absolutorias, presenten una coherencia narrativa y jurídica impecable para ser válidas.
Con este escenario, el caso Nummaria se mantiene como uno de los procesos más complejos y mediáticos de la última década en España, recordando que en el ámbito tributario, un error en la motivación de la sentencia puede devolver cualquier caso a su punto de partida.