La gestión de la seguridad estatal ha entrado en un terreno pantanoso tras revelarse la dualidad de actuaciones en torno a Leire Díez. Mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil centraba sus esfuerzos en monitorizar sus movimientos por su presunta implicación en el caso SEPI, otra rama del mismo Ministerio del Interior, la Policía Nacional, trabajaba en sentido opuesto: garantizando que nadie, incluidos otros investigadores, pudiera seguir sus pasos sin ser detectado.
El blindaje técnico de la ‘fontanera’ del PSOE
Lo que inicialmente se intentó presentar como una protección rutinaria ha escalado a un conflicto de intereses dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La activación de un equipo de contravigilancia de la Brigada Provincial de Madrid no es una medida menor. A diferencia de una escolta convencional, que busca proteger la integridad física, la contravigilancia tiene un componente técnico y táctico diseñado para detectar seguimientos externos, ya sean presenciales o mediante dispositivos electrónicos.
Esta decisión, ejecutada en junio de 2025, situó a los agentes de la Policía Nacional en una posición de colisión directa con la labor de la UCO. Fuentes próximas al caso señalan la anomalía de que se asigne este tipo de recursos a una persona que ya estaba bajo el foco judicial, puesto que la medida servía, en la práctica, de escudo frente a las pesquisas que la Guardia Civil desarrollaba desde marzo de ese mismo año.
Contradicciones en la versión de Grande-Marlaska
El papel del ministro Fernando Grande-Marlaska ha quedado seriamente cuestionado tras las recientes comparecencias parlamentarias. El relato oficial ha sufrido constantes giros:
- Inicialmente, se negó cualquier tipo de protección o vigilancia especial sobre la exdirectora de la Guardia Civil y la propia Díez.
- Se desmintieron encuentros institucionales que, posteriormente, los registros han terminado confirmando.
- Finalmente, Interior ha tenido que admitir la existencia del operativo de contravigilancia, escudándose en protocolos estándar de valoración de riesgos que, según expertos policiales, raramente se aplican a perfiles civiles en estas circunstancias.
La cronología de los hechos es reveladora. Díez solicitó este amparo tras un incidente público con el empresario Víctor de Aldama. Aunque la justicia le denegó la orden de alejamiento y una escolta oficial, el Ministerio del Interior decidió unilateralmente otorgarle un dispositivo de contrainteligencia policial durante los meses clave de la investigación del caso SEPI.
El choque entre la UCO y la Brigada Provincial
La trama SEPI investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de facilitar rescates públicos a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En este contexto, que una de las investigadas reciba formación o apoyo para evitar intervenciones en sus comunicaciones supone un obstáculo crítico para el avance de la justicia.
Desde el seno de la Policía Nacional, sindicatos como Jupol han manifestado su indignación ante lo que consideran una instrumentalización de los recursos públicos. El malestar es especialmente notable en la Brigada Central de Escoltas, donde se considera «insólito» que se desplieguen operativos de este calibre sin una orden judicial previa o una condición de testigo protegido, figuras que no concurrían en la situación de Leire Díez.
Un sistema de protección bajo sospecha
El uso de la seguridad del Estado para fines que rozan lo político pone en jaque el modelo de protección español. Mientras Interior sostiene que se siguieron los canales habituales de la Secretaría de Estado de Seguridad, los datos indican una desproporción clara en comparación con otros ciudadanos en situaciones de riesgo similar o superior.
Durante el periodo en que estuvo activo el servicio (entre junio y agosto de 2025), la imputada habría recibido pautas para blindar su privacidad, dificultando así la labor de la UCO, que ya había documentado reuniones sospechosas con mandos policiales meses antes. Este escenario plantea una pregunta incómoda para la cúpula de Interior: ¿se buscaba proteger a una persona o blindar la información que esta manejaba sobre la operativa del PSOE y la SEPI?
Conclusión: La integridad de las instituciones
El caso SEPI ya no es solo una investigación sobre corrupción económica; se ha transformado en un examen a la transparencia del Ministerio del Interior. La falta de coherencia entre las declaraciones del ministro y las acciones de sus departamentos operativos sugiere una gestión de crisis basada en la ocultación. La utilización de fondos y agentes públicos para neutralizar, de forma indirecta, investigaciones criminales en curso marca un precedente peligroso que las autoridades judiciales deberán analizar con lupa en las próximas fases del proceso.