El horizonte judicial del diputado de Sumar, Félix Alonso Cantorné, se traslada este lunes a las salas del Tribunal Supremo. El magistrado Vicente Magro lidera una fase de instrucción crucial para determinar si existieron irregularidades administrativas de carácter penal durante el mandato de Alonso al frente del consistorio de Altafulla, en la provincia de Tarragona, entre los años 2011 y 2019.
El foco sobre la gestión de contratos menores en Altafulla
La investigación que hoy llega a la máxima instancia judicial española pone bajo la lupa la relación contractual del Ayuntamiento de Altafulla con entidades externas especializadas en asesoramiento jurídico. En el centro de la polémica se encuentran los acuerdos alcanzados con las firmas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP durante un periodo de ocho años.
El núcleo de la acusación por prevaricación reside en el presunto uso recurrente de la figura del contrato menor. Según las diligencias previas, esta modalidad podría haber servido como mecanismo para sortear las obligaciones de publicidad y concurrencia competitiva que exige la Ley de Contratos del Sector Público. Al fragmentar supuestamente los servicios, se habría facilitado una adjudicación directa que la justicia ahora analiza bajo el prisma de la arbitrariedad administrativa.
Argumentos de la defensa y el contexto municipal
Frente a las acusaciones, el diputado de Sumar ha mantenido una postura de firmeza respecto a la legalidad de sus actuaciones. La estrategia de defensa se apoya en tres pilares fundamentales que buscan contextualizar las decisiones tomadas en aquella etapa:
- Carencia de personal técnico: Se alega que el ayuntamiento no contaba con juristas en su plantilla habitual, lo que obligó a buscar apoyo externo especializado.
- Presión administrativa: El fuerte crecimiento urbanístico de Altafulla exigía una agilidad en el asesoramiento que justificaba la contratación de servicios profesionales.
- Ausencia de lucro: Alonso insiste en que no existen indicios de enriquecimiento personal y que todos los servicios contratados respondían a necesidades tangibles del municipio.
Desde el entorno político de Comuns-Sumar se ha cerrado filas en torno al diputado, apelando al principio de presunción de inocencia. Además, han cuestionado el origen de la querella, señalando que proviene de una entidad cuya actividad pública consideran dudosa o inexistente.
Un desfile de testigos de alto perfil político
La jornada en el Tribunal Supremo no se limitará a la declaración de Alonso. El magistrado instructor ha convocado a doce personas para testificar, configurando un cuadro de comparecencias con notables figuras del ámbito político catalán. Entre los citados destacan nombres como Joan Ignasi Elena, exconseller de la Generalitat, y Joan Herrera, antiguo líder de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).
También están llamados a declarar antiguos responsables públicos como Salvador Milá y técnicos de la Oficina Antifraude de Cataluña, además de agentes de los Mossos d’Esquadra. Este amplio espectro de testimonios busca esclarecer si la operativa de contratación era una práctica aislada o un sistema de gestión consolidado en la administración local durante esos años.
Recusación fallida y procedimiento judicial
La fase previa a esta declaración estuvo marcada por el intento de la defensa de recusar al juez instructor, Vicente Magro. El equipo legal del diputado argumentó una posible falta de imparcialidad debido al pasado político del magistrado en las filas del Partido Popular. No obstante, el Tribunal Supremo desestimó esta petición, calificándola de extemporánea por haber sido presentada fuera de los plazos legales establecidos.
Este proceso judicial, que nace de una exposición razonada de un juzgado de El Vendrell, se presenta como un examen crítico a la autonomía municipal y los límites de la discrecionalidad administrativa en los ayuntamientos de menor tamaño, donde la gestión de los recursos externos suele ser objeto de intenso escrutinio por parte de los órganos de control.