El PSOE denuncia un «escándalo democrático» tras las medidas contra Begoña Gómez
La cúpula del Partido Socialista ha reaccionado con dureza ante la reciente decisión del juez de instrucción Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez. Desde las filas socialistas, la respuesta no se ha limitado a una defensa jurídica, sino que se ha articulado como una denuncia política frontal, calificando las medidas cautelares —que incluyen la retirada del pasaporte— como una extralimitación sin precedentes en el marco de una democracia moderna.
A través de canales oficiales, la formación ha subrayado la inocencia de la esposa del presidente del Gobierno, enmarcando el proceso en una estrategia de desgaste que, según su versión, se ha prolongado durante los últimos dos años. Para el socialismo, este nuevo paso judicial no representa la búsqueda de justicia, sino un hito más en lo que definen como una persecución política y judicial orquestada para golpear directamente la línea de flotación de Pedro Sánchez.
Críticas a la desproporción de las medidas cautelares
La indignación en el seno del partido ha sido palpable tras conocerse las restricciones de movimiento impuestas. Diversos cargos de la formación han calificado estas acciones como «desmedidas» y carentes de una base sólida que las sustente. El argumento central del PSOE gira en torno a la idea de que se está juzgando una intención política más que un hecho delictivo concreto, lo que convierte el caso en un proceso político de gran calado mediático.
- Rebeca Torró, secretaria de Organización, ha tachado el proceso de «escandaloso», insistiendo en la falta de proporcionalidad de las decisiones judiciales.
- Montse Mínguez, portavoz parlamentaria, ha utilizado términos como «delirante» y «obsesivo» para describir el ritmo y la dirección que ha tomado la instrucción del juez Peinado.
El polémico argumento del riesgo de fuga y la custodia policial
Uno de los puntos que mayor malestar ha generado en el Ejecutivo es la argumentación utilizada en el auto judicial para justificar la retirada del pasaporte. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido especialmente crítico con un fragmento del texto judicial que sugiere que la propia policía encargada de su seguridad podría, hipotéticamente, facilitar una hipotética fuga de Begoña Gómez.
Este planteamiento ha sido recibido por el PSOE con incredulidad y enfado. Puente ha señalado que este tipo de afirmaciones no solo carecen de fundamento, sino que ponen en duda la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, el ministro ha lamentado que instituciones como la Audiencia Provincial de Madrid o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no hayan intervenido ante lo que consideran una narrativa judicial insostenible y cargada de subjetividad.
Un escenario de máxima tensión institucional
El caso de Begoña Gómez ha dejado de ser una cuestión estrictamente legal para convertirse en el epicentro de la confrontación política en España. El cierre de filas del PSOE en torno a la figura de la esposa del presidente busca blindar la estabilidad del Gobierno frente a una ofensiva que consideran puramente reactiva. El partido mantiene que la presunción de inocencia ha sido vulnerada sistemáticamente durante la instrucción, y aseguran que no cesarán en su empeño de denunciar lo que consideran un uso partidista de la justicia.
Con la etiqueta #YoConBegoña, la formación ha intentado trasladar el debate a la esfera pública, apelando a su base social para resistir lo que denominan una estrategia de acoso que no tiene encaje en el Estado de Derecho. Mientras el proceso judicial avanza hacia el juicio oral, la fractura entre el poder ejecutivo y ciertos sectores del judicial parece más profunda que nunca.