La situación jurídica de Begoña Gómez ha alcanzado un punto de inflexión crítico tras la última resolución dictada por el magistrado Juan Carlos Peinado. En un movimiento que ha sacudido los cimientos institucionales, el juez no solo ha confirmado la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, sino que ha impuesto medidas cautelares severas, destacando la retirada inmediata del pasaporte por una supuesta posibilidad de que la investigada eluda la acción de la justicia.
El escenario penal: Delitos y posibles condenas
El magistrado sustenta su decisión en un análisis detallado de 84 páginas donde desglosa los cargos que pesan sobre Gómez. La instrucción señala indicios razonables de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Aunque el auto reconoce que existe la posibilidad de una absolución, Peinado subraya que, de producirse una condena, esta superaría los dos años de privación de libertad.
Bajo esta premisa, el juzgado ha validado las peticiones de las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, frente a los criterios de la Fiscalía y la defensa, que solicitaban el archivo definitivo de la causa. El juez argumenta que la gravedad de las posibles penas justifica plenamente asegurar la presencia de la acusada en el territorio nacional mediante el control fronterizo.
Un conflicto inédito con las fuerzas de seguridad
Uno de los puntos más polémicos y que ha generado un rechazo frontal por parte de los profesionales de la seguridad es la tesis del juez sobre el papel de los escoltas. Peinado ha sugerido en su resolución que el entorno de protección de Gómez podría, eventualmente, facilitar una hipotética huida. Según el magistrado, los agentes asignados a su custodia podrían actuar siguiendo instrucciones superiores para favorecer el abandono del país.
Esta afirmación ha provocado una respuesta unánime y contundente de los principales sindicatos de la Policía Nacional, quienes consideran las palabras del juez un ataque directo a su profesionalidad:
- Jupol: Ha exigido una rectificación inmediata, señalando que la escolta de Presidencia actúa bajo criterios de estricta neutralidad y legalidad, calificando las sospechas como un descrédito injustificado.
- SUP (Sindicato Unificado de Policía): Considera preocupante que se planteen hipótesis donde agentes públicos colaboren en acciones contrarias a la administración de justicia.
- UFP (Unión Federal de Policía): Ha tildado de «salvajada» el contenido del auto, defendiendo que los funcionarios no son instrumentos políticos sino garantes de la ley.
La tesis de la temporalidad del poder
El juez Peinado también introduce un argumento sociopolítico para blindar su decisión de retirar el pasaporte. Sostiene que la condición de presidente del Gobierno de Pedro Sánchez es un estado «efímero» y «transitorio». Por tanto, el magistrado deduce que, una vez que cese esta protección institucional, las facilidades para una fuga aumentarían considerablemente.
Este mismo razonamiento se ha aplicado a María Cristina Álvarez, asistente personal de Gómez en el Palacio de la Moncloa, quien también ha sido enviada a juicio bajo medidas cautelares similares. El tribunal entiende que ambas disponen de los medios y la logística necesaria para intentar eludir la justicia si así lo decidieran.
Reacciones políticas y estrategia de defensa
Desde el entorno del Ejecutivo y el PSOE, la respuesta ha sido de indignación. El partido ha calificado el proceso como un «escándalo democrático» y una persecución política que carece de base jurídica sólida tras dos años de diligencias. Voces autorizadas del partido insisten en la inocencia de Gómez y tachan las medidas de «desproporcionadas».
Por su parte, la defensa de Begoña Gómez, liderada por el exministro Antonio Camacho, ya prepara el recurso contra el auto. La línea argumental se centrará en que la condición de figura pública de la investigada hace materialmente imposible cualquier intento de desaparición, además de cuestionar la falta de indicios probatorios para las medidas de control impuestas.
El cierre de esta fase de instrucción abre un periodo de máxima tensión política y judicial, donde el papel de las instituciones y la independencia del poder judicial volverán a estar bajo el microscopio de la opinión pública nacional e internacional.