La eurodiputada y referente política de Podemos, Irene Montero, ha protagonizado una nueva ofensiva dialéctica contra la arquitectura del poder judicial en España. Durante una comparecencia ante los medios en Sevilla, la representante morada ha denunciado lo que considera una deriva peligrosa de la democracia, donde ciertos sectores de la judicatura estarían operando como un actor político de oposición, ajeno al mandato de las urnas.
El cuestionamiento de la carrera judicial: Peinado y García Castellón
La crítica de Montero ha sido inusualmente frontal al personalizar el conflicto en figuras clave de la actualidad jurídica. Según la exministra, nombres como los de Juan Carlos Peinado o García Castellón representan una anomalía dentro de un sistema democrático saludable. En sus propias palabras, si los mecanismos de control judicial funcionaran con rigor, estos magistrados no solo estarían apartados de sus cargos, sino que deberían afrontar penas de prisión por sus actuaciones.
Para la líder de Podemos, el problema radica en que la «derecha judicial» ha asumido un rol protagonista en la gobernanza del país, tomando decisiones de gran calado político sin haber sido electa por la ciudadanía. Esta situación, que Montero califica de golpismo judicial, supone una usurpación de la soberanía popular que desvirtúa el equilibrio de poderes en el Estado español.
El Consejo General del Poder Judicial ante el caso de Begoña Gómez
Estas declaraciones coinciden temporalmente con movimientos dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces ha decidido trasladar al promotor de la acción disciplinaria una revisión sobre el comportamiento del juez Peinado. El foco está puesto en una posible falta grave de desconsideración derivada de sus afirmaciones sobre la escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sugiriendo un potencial riesgo de fuga.
- Análisis de la imparcialidad en las resoluciones judiciales de instrucción.
- Debate sobre la extralimitación de funciones en casos de alta exposición mediática.
- Revisión de los protocolos éticos y de lenguaje en los autos judiciales.
La inacción del PSOE frente a la «guerra sucia»
Irene Montero no ha limitado su descontento a los tribunales, dirigiendo también sus críticas hacia el PSOE. Aunque celebra que los socialistas hayan empezado a utilizar términos como «guerra judicial» o lawfare, lamenta que la respuesta gubernamental sea insuficiente. Según la eurodiputada, el partido liderado por Pedro Sánchez no está tomando las medidas ejecutivas necesarias para frenar lo que ella define como una persecución sistemática contra opciones políticas progresistas.
En este contexto de tensión, Montero también ha hecho alusión a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, reclamando transparencia absoluta ante las recientes informaciones sobre hallazgos en su despacho oficial. Para la secretaria política de Podemos, estas situaciones alimentan la desafección ciudadana y permiten que la derecha ataque mediante la sombra de la corrupción, en lugar de debatir sobre políticas públicas urgentes.
Un llamamiento a recuperar la política social
La conclusión de la eurodiputada es una invitación a la movilización ciudadana y a la reorientación del debate público. Montero considera una «vergüenza» que la agenda política esté secuestrada por el fango judicial mientras los problemas estructurales de la población quedan en segundo plano. La representante de Podemos insiste en que la prioridad debería ser:
- La intervención directa en el precio de la vivienda para garantizar el acceso digno.
- El control efectivo sobre el encarecimiento de los alimentos básicos.
- La protección de los sectores estratégicos, como la logística, frente a la precariedad.
Finalmente, Montero recalca que la única forma de combatir la supuesta guerra sucia judicial es mediante una política valiente que no se amilane ante las presiones de los poderes no electos, instando a los votantes a exigir que el Ejecutivo cumpla con el mandato social por el cual fue elegido.