El escenario judicial tras la sentencia del caso mascarillas ha dado un giro estratégico con el último movimiento de Koldo García. El exasesor ministerial, que actualmente cumple condena en prisión, ha formalizado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo. Esta maniobra no solo busca invalidar el fallo que le impone casi dos décadas de cárcel, sino que pretende paralizar la ejecución de la pena mientras se dirime el fondo de sus reclamaciones constitucionales.
El pulso por los derechos fundamentales y la presunción de inocencia
La defensa de García fundamenta su recurso en una supuesta quiebra de derechos fundamentales. Según el escrito presentado por la letrada Leticia de la Hoz, la sentencia actual vulnera principios básicos como la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con todas las garantías. El argumento central reside en que la condena se ha cimentado sobre una base probatoria que la defensa considera viciada o insuficiente para justificar una privación de libertad de tal magnitud.
Uno de los puntos más críticos señalados es la indefensión técnica. El equipo legal de Koldo García insiste en que no se les permitió el acceso completo a los dispositivos electrónicos incautados durante la fase de instrucción, lo que habría limitado su capacidad para contrarrestar las tesis de la acusación. Además, rescatan el concepto jurídico de non bis in idem, sugiriendo que existe una duplicidad procesal intolerable entre esta causa y las investigaciones que todavía lidera la Audiencia Nacional sobre hechos similares.
La sombra de Víctor de Aldama: ¿Un testimonio incentivado?
El recurso pone el foco de manera agresiva sobre la figura de Víctor de Aldama, el comisionista cuya colaboración con la justicia ha resultado determinante para las condenas. Para la defensa de García, es «incompatible» con un juicio justo que el núcleo de la sentencia dependa de la palabra de un coimputado que ha obtenido beneficios penales directos a cambio de su confesión.
- Falta de corroboración: La defensa sostiene que el testimonio de Aldama carece de elementos externos sólidos que lo respalden de forma objetiva.
- El polémico Excel: Se critica que el tribunal otorgue validez probatoria a documentos privados del comisionista que no han sido contrastados con auditorías patrimoniales rigurosas.
- Desequilibrio de penas: El escrito resalta la paradoja de que el supuesto «corruptor» eluda la prisión mientras que el exasesor enfrenta un máximo de 15 años de cumplimiento efectivo.
Hacia un horizonte en el Tribunal Constitucional
Este incidente de nulidad no es un recurso ordinario, sino un paso procesal obligatorio para agotar la vía interna antes de acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. La defensa subraya la anomalía de que, al haber sido juzgado en única instancia por el Supremo debido a la condición de aforados de otros implicados, se ha perdido la posibilidad de una segunda revisión por un tribunal superior.
La petición de suspender la condena busca evitar que, en caso de que en el futuro se reconozca la vulneración de sus derechos, el daño personal y físico de la estancia en prisión sea ya irreversible. Con este movimiento, Koldo García intenta forzar una revisión técnica de un caso que ha sacudido los cimientos del Ministerio de Transportes y que, a ojos de su defensa, se ha resuelto con una celeridad que ha sacrificado garantías procesales clave.
En definitiva, el caso entra en una fase de resistencia jurídica donde la validez de los testimonios de los arrepentidos y el acceso a la prueba digital serán los ejes sobre los que pivotará la libertad del exasesor en los próximos meses.