El blindaje de BBVA ante el escándalo de la SEPI y Tubos Reunidos
La dirección de BBVA ha adoptado una postura de distanciamiento radical frente a las investigaciones judiciales que salpican la concesión de ayudas públicas a la industria siderúrgica. En un contexto marcado por las pesquisas sobre presuntos amaños y comisiones ilícitas, la entidad financiera ha negado cualquier conocimiento sobre las operativas irregulares atribuidas a figuras vinculadas a la trama de la SEPI. El banco insiste en que su rol en la compañía vasca Tubos Reunidos se limitó estrictamente a su papel como accionista y acreedor, ajeno a los acuerdos laborales bajo sospecha.
Peio Belausteguigoitia, responsable de la filial española de la entidad, ha sido contundente al calificar como desconocidas para el banco las supuestas presiones y prebendas que la UCO investiga actualmente. Esta estrategia de defensa busca proteger la reputación institucional en un caso donde convergen intereses políticos y empresariales, especialmente en lo relativo al contrato de asesoría que Vicente Fernández, exdirector de la sociedad pública, habría mantenido con la acerera tras la aprobación del rescate estatal de 112,8 millones de euros.
Una participación accionarial bajo el foco de la justicia
Durante el periodo crítico de 2021, cuando se inyectaron los fondos públicos, BBVA no solo era un acreedor relevante, sino que ostentaba el 14,7% del capital de la siderúrgica. Esta posición le otorgaba un asiento en el consejo de administración, un detalle que los investigadores analizan para determinar el grado de supervisión sobre decisiones clave, como los aplazamientos de deuda o los contratos de mediación ahora cuestionados.
Fuentes internas de la entidad recalcan que la gestión diaria y los acuerdos específicos con la fontanería política del entorno socialista escapaban totalmente a su control. A pesar de haber reducido su participación hasta el 5,21% en 2023 aprovechando una ventana de liquidez en bolsa, BBVA continúa siendo el mayor acreedor privado de la empresa, lo que le sitúa en una posición vulnerable ante la evolución del proceso judicial y financiero.
Contraste de estrategias: La salida de Santander y Sabadell
Resulta revelador comparar la permanencia de BBVA con la conducta de otros gigantes del sector bancario español. Mientras que entidades como Santander y Sabadell optaron por liquidar su exposición a Tubos Reunidos en 2022 —aceptando quitas que llegaron al 90% del valor nominal—, el banco azul mantuvo su apuesta financiera. Esta decisión estratégica ha derivado en una exposición actual de aproximadamente 50 millones de euros, repartidos entre créditos ordinarios y líneas de circulante.
- Riesgo de crédito: Unos 48 millones de euros garantizados con activos inmobiliarios de la propia siderúrgica.
- Operativa diaria: Líneas de facturación que suman dos millones de euros anuales adicionales.
- Dependencia pública: BBVA se sitúa en el orden de prelación de cobro justo detrás de la SEPI.
Insolvencia inminente y el laberinto del concurso de acreedores
El horizonte para BBVA se ha oscurecido tras la declaración de concurso voluntario de acreedores por parte de Tubos Reunidos, motivado por unas pérdidas que superan los 118 millones de euros. La situación de «insolvencia inminente» pone en jaque la recuperación del capital prestado. La justicia ya ha iniciado los trámites para una posible venta de la unidad productiva, una medida desesperada para evitar la liquidación total de la histórica firma alavesa.
El nudo gordiano del caso reside en la negativa de la SEPI a aceptar cualquier tipo de quita sobre la deuda pública. Los responsables del organismo temen que una reducción del importe adeudado sea interpretada como una admisión implícita de que el rescate original fue irregular, lo que abriría la puerta a acusaciones de malversación de caudales públicos. Para BBVA, este inmovilismo estatal complica cualquier plan de viabilidad, dejándolo en una posición de espera tensa mientras la UCO sigue desenterrando evidencias de pagos por mediaciones que ascienden a casi un cuarto de millón de euros.
En definitiva, lo que comenzó como un apoyo financiero a una industria estratégica del País Vasco se ha transformado en un rompecabezas donde el riesgo reputacional y el quebranto económico caminan de la mano. La entidad bancaria insiste en que fue ajena a la trama, pero su vinculación como socio y acreedor principal le obliga a navegar en el centro de una de las tormentas judiciales más complejas del panorama empresarial actual.