La sombra de la sospecha sobre la actividad internacional del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un terremoto político en Bolivia. El exmandatario boliviano Luis Arce, actualmente bajo custodia policial por otros procesos, ha roto su silencio para desmarcarse tajantemente de las conclusiones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, que sugieren un presunto pago de 200.000 euros a Zapatero a cambio de favores institucionales.
El eje de la controversia: ¿Política o negocios?
La defensa de Arce se fundamenta en una estricta separación de agendas. Según su versión, los encuentros mantenidos con el líder socialista español nunca rozaron el terreno de los litigios privados, sino que se centraron exclusivamente en la supervivencia política del Movimiento al Socialismo (MAS). Arce sostiene que Zapatero actuó como un facilitador dentro del Grupo de Puebla para intentar resolver las fracturas internas del partido, especialmente frente a las posiciones más radicales de Evo Morales.
Sin embargo, la investigación policial española dibuja un escenario mucho más mercantilista. El informe remitido a la Audiencia Nacional apunta a que los contactos no eran meros gestos diplomáticos, sino una gestión directa para beneficiar al Grupo Gloria, un gigante empresarial peruano con fuertes intereses en el sector cementero boliviano a través de la firma SOBOCE.
El esquema financiero bajo la lupa de la UDEF
El punto más crítico de la investigación radica en la naturaleza de los pagos. La policía sostiene que se utilizó una estructura de contratos simulados para camuflar lo que, a su juicio, era una «contraprestación económica» por servicios de mediación de alto nivel. Los detalles clave de esta operativa incluyen:
- El uso de la sociedad Focus Social Research como pantalla para canalizar los fondos.
- La supuesta organización de reuniones directas entre la directiva del Grupo Gloria y las altas esferas del Gobierno boliviano.
- La participación de figuras clave como Carmen Almendras, antigua embajadora, quien habría servido de puente en las comunicaciones.
La disputa por el cemento: SOBOCE y el Estado boliviano
Para entender el calado del conflicto, es necesario retroceder al origen de la disputa legal. El Grupo Gloria mantiene un enfrentamiento histórico con el Estado por la compensación tras la expropiación de acciones en FANCESA. Aunque Bolivia logró una victoria parcial ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en 2023, el conflicto económico sigue latente y en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Luis Arce argumenta que, si hubiera existido un tráfico de influencias, la Procuraduría General del Estado no habría impugnado sistemáticamente las resoluciones judiciales que favorecían a la empresa privada. «El Estado ha combatido cada fallo que pretendía beneficiar a SOBOCE», afirma el exmandatario, subrayando que no se ha desembolsado ni un solo centavo en favor del conglomerado peruano durante su gestión.
Implicaciones diplomáticas y el caso Plus Ultra
Este nuevo capítulo se enmarca dentro de una investigación mayor dirigida por el juez José Luis Calama, vinculada originalmente al caso Plus Ultra. Las conversaciones intervenidas entre Zapatero y su equipo sugieren una interlocución fluida con el poder ejecutivo boliviano, algo que Arce califica de interpretación sesgada de la realidad institucional.
La defensa de la transparencia y la presunción de inocencia son ahora las banderas de un Arce que, desde prisión, exige una investigación objetiva que no se convierta en una «condena política anticipada». Mientras tanto, la justicia española continúa desgranando los archivos de la UDEF para determinar si la diplomacia paralela de Zapatero cruzó la línea roja de la legalidad internacional.
Hacia un desenlace judicial incierto
El futuro de esta causa dependerá de la capacidad de los investigadores para demostrar que el contrato con Focus Social Research carecía de objeto real y que su única finalidad era remunerar la influencia política. Por su parte, el escenario en Bolivia sigue marcado por la polarización, donde cada hallazgo de la policía española es utilizado como munición en la guerra interna que desangra al MAS y redefine las alianzas en la región.