El banquillo de los acusados espera al portavoz socialista de Galapagar
La estabilidad institucional en el municipio de Galapagar se ve nuevamente sacudida por la apertura de un proceso judicial que pone en el punto de mira a la anterior cúpula del Gobierno local. El próximo 9 de marzo, Alberto Gómez, quien fuera alcalde y actualmente ejerce como portavoz del PSOE en el consistorio, deberá comparecer ante los juzgados de lo penal de Madrid. El Ministerio Público ha sido contundente en sus conclusiones provisionales, solicitando una pena de un año de cárcel para el edil por la presunta comisión de un delito de acoso laboral.
Este procedimiento no solo afecta a Gómez, sino que se extiende a otros tres antiguos cargos de su equipo de confianza. Entre los señalados se encuentran quienes ocuparon la primera y segunda tenencia de alcaldía, así como la antigua dirección de Servicios Generales. La acusación sostiene que todos ellos participaron en una estrategia de presión coordinada contra la que fuera secretaria municipal, una funcionaria de alto rango que se negó a abandonar su puesto tras alcanzar la edad de jubilación ordinaria.
Cronología de una jubilación forzosa bajo sospecha
El conflicto jurídico tiene su origen en el periodo comprendido entre 2019 y 2021. La denunciante, amparada por la normativa vigente, había obtenido un decreto de Alcaldía que le permitía prorrogar su vida laboral activa hasta los 70 años. Sin embargo, el relato de la Fiscalía de Madrid describe un cambio drástico de escenario tras la consolidación del nuevo equipo de Gobierno. Lo que comenzó como una discrepancia administrativa derivó, presuntamente, en un hostigamiento sistemático.
- Reuniones presenciales destinadas a forzar la renuncia de la trabajadora.
- Cuestionamiento público y privado de su capacidad profesional y técnica.
- Exigencias de presencialidad extrema en momentos críticos de la crisis sanitaria.
- Descalificaciones personales orientadas a minar su autoridad en el Ayuntamiento.
La situación alcanzó su punto de ruptura en abril de 2021, cuando el Gobierno municipal revocó de forma unilateral la prórroga de servicio activo, obligando a la secretaria a una jubilación que ella no deseaba. Este acto administrativo es visto por la acusación como el colofón a meses de trato vejatorio.
Consecuencias médicas y peticiones de la Fiscalía
El impacto de estas maniobras no fue solo profesional. Según los informes clínicos que obran en la causa, la funcionaria sufrió un cuadro agudo de ansiedad pocos días después de su cese forzoso. Los especialistas le diagnosticaron un trastorno adaptativo con ansiedad, patología que el informe médico vincula directamente con el entorno hostil experimentado en su puesto de trabajo. Este daño a la integridad psíquica es un pilar fundamental en la tipificación del acoso laboral que persigue el Ministerio Fiscal.
Además de la pena privativa de libertad, el fiscal reclama para Alberto Gómez y el resto de acusados la inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena. En el ámbito económico, se solicita una indemnización solidaria de 2.000 euros para la víctima en concepto de daños morales, sumado al abono de las costas del proceso judicial.
Tensión política y exigencias de dimisión inmediata
La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar ante la gravedad de la apertura del juicio oral. El Partido Popular de Galapagar ha calificado de «insostenible» la permanencia de Gómez al frente del grupo municipal socialista. Desde las filas populares se apela a la ejemplaridad que debe regir en la vida pública, exigiendo la dimisión inmediata del portavoz para no dañar más la imagen de la institución.
La presión también se traslada a la esfera regional del partido. El PP ha instado al PSOE de Madrid a aplicar sus propios códigos éticos y estatutos internos, los cuales suelen ser estrictos ante cargos públicos procesados por delitos que afectan a la dignidad de los trabajadores. El desenlace de este juicio marcará, sin duda, un antes y un después en el panorama político de Galapagar, poniendo a prueba la coherencia de las formaciones implicadas ante casos de presunto mobbing institucional.