La tensión jurídica en torno al procedimiento que instruye el juez Juan Carlos Peinado ha alcanzado un nuevo nivel de fricción. En un movimiento contundente, la Fiscalía de Madrid ha presentado un recurso formal contra la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del país impuestas a Begoña Gómez y a su colaboradora, Cristina Álvarez. El Ministerio Público no solo cuestiona la necesidad de estas medidas, sino que tilda de «irracional» la lógica aplicada por el magistrado para justificar un posible riesgo de fuga.
Un arraigo que desmiente la posibilidad de huida
El núcleo de la impugnación de la Fiscalía reside en la sólida vinculación de las investigadas con el territorio nacional. Según el escrito remitido al juzgado, ambas mujeres poseen un arraigo incuestionable: son ciudadanas españolas, sus núcleos familiares residen en el país y su trayectoria profesional se ha desarrollado íntegramente en España. Para el Ministerio Fiscal, imponer comparecencias quincenales y restringir su movilidad internacional carece de fundamento cuando no existen indicios de que planeen abandonar el sistema judicial español.
La fiscalía insiste en que no se han aportado pruebas de que Gómez o Álvarez dispongan de activos financieros en el extranjero o redes de apoyo fuera de las fronteras nacionales que faciliten una eventual huida. De hecho, el documento recuerda que las pesquisas patrimoniales exhaustivas realizadas hasta la fecha han descartado cualquier irregularidad o posesión ilícita que pudiera financiar una vida en el anonimato fuera de España.
El desmentido sobre la nacionalidad dominicana
Uno de los puntos más críticos del recurso es la mención a los rumores sobre una supuesta nacionalidad de la República Dominicana. La Fiscalía califica este dato como «irreal» y lamenta que se haya propagado sistemáticamente a través de ciertos canales de información. El Ministerio Público sugiere que la decisión judicial de retirar «cuantos pasaportes pudiera disponer» parece basarse más en estas noticias falsas que en hechos contrastados, lo que debilita la solidez jurídica del auto dictado por Peinado.
Defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Otro de los pilares del conflicto legal es la interpretación que el juez Peinado hace sobre la seguridad oficial que rodea a la esposa del presidente. El magistrado sugirió que el auxilio de las fuerzas de seguridad podría, paradójicamente, facilitar una fuga. Ante esto, la Fiscalía se muestra tajante: considera que tal planteamiento proyecta una sombra de sospecha gratuita sobre las instituciones del Estado encargadas de velar por el orden público.
- Inexistencia de nexos logísticos o económicos con el extranjero.
- Ausencia de justificación racional para las medidas cautelares extremas.
- Protección de la presunción de inocencia frente a sospechas no probadas.
Finalmente, el recurso enfatiza que la «confabulación» que parece vislumbrar el instructor es un escenario difícil de asumir sin pruebas tangibles. La Fiscalía argumenta que la administración de justicia no debe basarse en conjeturas o proyecciones hipotéticas, sino en la realidad fáctica de las investigadas, cuya presencia en el proceso judicial español parece plenamente garantizada por sus circunstancias personales y profesionales actuales.