La formación liderada por Santiago Abascal ha decidido elevar su ofensiva jurídica a la máxima instancia judicial. Tras el rechazo de la Junta Electoral Central (JEC) a intervenir en el proceso de votación desde el extranjero, Vox ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo. El partido sostiene que el crecimiento del censo electoral, impulsado por la aplicación de la denominada ley de nietos, carece de las garantías necesarias y podría estar derivando en una adulteración de los resultados democráticos.
El conflicto competencial en el seno de la JEC
El origen de este movimiento judicial se encuentra en la resolución de la JEC del pasado 16 de julio. En dicho documento, el organismo electoral se declaró incompetente para suspender la admisión de votos procedentes del exterior, argumentando que su función se limita a aplicar la legislación vigente y no a paralizar procedimientos administrativos ya reglados. Sin embargo, esta postura no fue unánime.
Cuatro de los trece vocales que componen la junta mostraron su disconformidad a través de un voto particular. Estos juristas defienden que la administración electoral sí posee la facultad de actuar cuando se detectan incrementos del censo que califican de «formidables e irreversibles» y que podrían contravenir el ordenamiento jurídico. Este respaldo técnico ha sido la base sobre la cual Vox ha decidido obviar nuevas peticiones administrativas para buscar una solución directa en la vía contencioso-administrativa del Supremo.
La ley de nietos bajo la lupa por presunto fraude
Para Vox, la clave del problema no reside únicamente en la Ley de Memoria Democrática, sino en la interpretación que el Gobierno ha realizado de ella. El partido denuncia que una instrucción posterior ha extendido el acceso a la nacionalidad española de forma mucho más amplia de lo que el texto legal original permitía. Según sus portavoces, esta maniobra administrativa busca inflar el censo con ciudadanos que no mantienen vínculos directos o actuales con la nación.
Desde la sede de Bambú insisten en que la JEC tiene el deber moral y legal de frenar cualquier fraude en el censo electoral que se derive de nacionalizaciones masivas concedidas fuera del espíritu de la norma. Consideran que la pasividad del organismo electoral ante lo que llaman «ilegalidades manifiestas» obliga a una intervención judicial superior.
Auditoría de empresas y control del voto exterior
Paralelamente a la vía judicial, el partido ha activado otros mecanismos de control administrativo para fiscalizar la logística del voto CERA (Censo de Residentes Ausentes). La estrategia incluye los siguientes puntos clave:
- Petición de anulación de contratos con las empresas Palco y Neoris, encargadas de la gestión técnica de trámites consulares y censales.
- Denuncia de una supuesta externalización opaca de funciones que deberían ser estrictamente soberanas y públicas.
- Exigencia de una transparencia absoluta en el flujo de datos entre los consulados y la Oficina del Censo Electoral.
Un grupo de expertos para blindar la integridad electoral
Para coordinar esta batalla legal y técnica, se ha constituido un equipo de trabajo especializado dentro del partido. Este grupo está conformado por figuras de peso como el eurodiputado Jorge Buxadé, el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, y diputados como Ignacio Hoces y Montserrat Lluis. Su misión es analizar cada fase del proceso de nacionalización y detectar posibles fisuras que permitan impugnar resultados en futuros comicios.
En conclusión, el recurso ante el Tribunal Supremo marca un hito en la estrategia de Vox para cuestionar la legitimidad de las nuevas incorporaciones al electorado español. Lo que comenzó como una queja administrativa se ha transformado en un desafío judicial que pone en duda la neutralidad de los procedimientos actuales de acceso a la ciudadanía y su impacto en la soberanía nacional.