La instrucción del caso Koldo ha entrado en una fase de fiscalización técnica profunda. El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido centrar sus esfuerzos en el rastreo del flujo monetario y el cumplimiento tributario de las empresas que obtuvieron adjudicaciones bajo sospecha. Esta nueva ofensiva judicial busca determinar si el Ministerio de Transportes operó como un epicentro de favores sistemáticos hacia determinadas constructoras.
Auditoría fiscal a las adjudicatarias de obra pública
El juez Moreno ha emitido un auto en el que requiere a la Agencia Tributaria la remisión inmediata de los expedientes fiscales completos de varias mercantiles. El periodo bajo lupa abarca los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2023, años críticos en los que se concentraron las licitaciones ahora cuestionadas. El objetivo es que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) desglose cada impuesto devengado para verificar si existen discrepancias que apunten a una actividad delictiva subyacente.
Entre las entidades que deberán rendir cuentas ante esta petición judicial se encuentran empresas de gran calado como Acciona Construcción, además de otras firmas como Levantina Ingeniería y Construcción y Regadíos. Según la tesis del magistrado, estas sociedades no solo fueron beneficiarias de contratos públicos, sino que habrían formado parte de un engranaje diseñado para el favorecimiento recurrente en la obtención fraudulenta de licitaciones dentro del seno del antiguo MITMA.
Una estructura criminal con facilitadores internos
A diferencia de etapas iniciales donde la investigación se basaba en indicios circunstanciales, el magistrado subraya ahora la existencia de claras evidencias objetivadas. La investigación apunta a una red que trasciende la simple influencia política, configurando presuntos delitos de:
- Organización criminal y concierto para delinquir.
- Cohecho mediante el intercambio de favores y dádivas.
- Tráfico de influencias en la cúpula ministerial.
- Prevaricación administrativa en los procesos de contratación.
En este esquema, el protagonismo recae sobre el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor, Koldo García. Sin embargo, la justicia también pone el foco en los perfiles técnicos y de gestión que habrían actuado como facilitadores operativos. Nombres como el de Isabel Pardo de Vera, desde Adif, y Javier Herrero, en la Dirección General de Carreteras, aparecen como piezas clave para asegurar que las adjudicaciones proyectadas llegaran a buen puerto.
Nuevas ramificaciones en Valencia y control de la Guardia Civil
El caso Koldo continúa expandiendo sus fronteras geográficas y administrativas. El juez ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo información relativa a un expediente de la Agencia Valenciana Antifraude. Este documento versaría sobre las irregularidades en la liquidación de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Albal y Adif, lo que sugiere que la trama de influencias pudo haber afectado también a acuerdos municipales y convenios urbanísticos específicos.
Finalmente, toda la documentación que Hacienda remita será puesta a disposición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes tienen el encargo de elaborar un informe integral que cruce los datos laborales, financieros y tributarios. Este análisis será determinante para concluir si el patrimonio de los investigados y los beneficios de las constructoras coinciden con una estructura de corrupción sistémica en la obra pública española durante la última legislatura.
Con este movimiento, la Audiencia Nacional busca cerrar el círculo sobre el favorecimiento fraudulento, transformando los indicios en pruebas periciales irrefutables que permitan avanzar hacia la fase de juicio oral con un sustento económico sólido y documentado.