La relación entre el Congreso de los Diputados y los medios de comunicación ha entrado en una fase de reconfiguración técnica y administrativa que va más allá de los nombres propios que suelen acaparar los titulares. En un escenario donde la frontera entre el activismo digital y el periodismo profesional es cada vez más difusa, la Cámara Baja ha comenzado a aplicar con mayor rigor su normativa interna, resultando en un goteo constante de solicitudes de acceso rechazadas durante los últimos tres ejercicios.
El balance de las exclusiones: siete portazos en tres años
Desde el año 2022, la Secretaría General del Congreso ha gestionado un volumen considerable de peticiones para cubrir la actividad parlamentaria. Si bien la institución ha dado luz verde a 19 nuevos medios, un total de siete entidades han visto denegada su acreditación. Esta cifra se distribuye en un incremento progresivo: dos rechazos en 2022, cuatro durante el convulso año electoral de 2023 y uno adicional registrado recientemente.
El blindaje institucional para no revelar las identidades de los medios excluidos se ampara en la Ley de Transparencia. Según la Cámara, hacer públicos estos nombres perjudicaría los intereses comerciales de las empresas afectadas y vulneraría la confidencialidad necesaria en estos procesos administrativos. No obstante, los motivos del veto sí han trascendido, dibujando un perfil claro de lo que el Congreso ya no considera «prensa profesional».
¿Quiénes son los perfiles vetados por la Cámara?
El criterio fundamental para otorgar el pase de prensa reside en el artículo 98 del Reglamento del Congreso. Las denegaciones recientes no han sido arbitrarias, sino que responden a una tipología de solicitantes que se aleja del ejercicio informativo tradicional:
- Entornos corporativos: Tres de las solicitudes provenían de departamentos de comunicación vinculados a consultoras de estrategia o think tanks, cuyos fines no eran estrictamente periodísticos sino de lobby o análisis privado.
- Plataformas digitales puras: Otras tres negativas afectaron a productoras o emisoras que operan exclusivamente en el ámbito digital sin una estructura informativa consolidada.
- Agregadores de contenido: El último caso corresponde a un portal web cuya actividad principal consistía en recopilar noticias de terceros sin generar información propia de valor.
El nuevo marco normativo: más control y sanciones
Bajo la presidencia de Francina Armengol, y con el impulso de la mayoría conformada por PSOE y Sumar, la Mesa del Congreso aprobó en julio de 2025 una reforma sustancial de las reglas de juego. Esta actualización no solo busca ordenar el acceso físico, sino que introduce un régimen sancionador para aquellos informadores que incumplan las normas de comportamiento o movilidad dentro del recinto.
En septiembre de ese mismo año, se concretaron los detalles técnicos de esta reforma, estableciendo perímetros estrictos. El objetivo declarado es preservar el orden constitucional, pero desde asociaciones como la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) se ha interpretado históricamente como una merma en la capacidad de fiscalización de los representantes públicos.
Del cordón físico a la restricción tecnológica
La limitación del ejercicio periodístico en las Cortes no solo es administrativa, sino también espacial y técnica. Lo que comenzó en 2022 como una medida sanitaria tras la pandemia —la instalación de cordones de seguridad en el Salón de Pasos Perdidos— ha derivado en una norma de convivencia permanente que impide el contacto directo y espontáneo con los diputados en los pasillos.
Sin embargo, la medida más controvertida es la prohibición de captación de imágenes para redactores de prensa escrita. Actualmente, solo los operadores de televisión y reporteros gráficos acreditados pueden grabar vídeo. Para el resto, el uso del smartphone queda limitado exclusivamente al registro de audio. Esta restricción se complementa con la vigilancia sobre el uso de teleobjetivos, prohibiendo de forma taxativa captar documentos privados o pantallas de dispositivos móviles en los escaños, una práctica que en el pasado reveló informaciones de alto impacto político.
Un futuro de hermetismo parlamentario
El endurecimiento de los requisitos para obtener la credencial de prensa y la limitación de movimientos dentro de la sede de la soberanía nacional marcan un punto de inflexión. Si bien la Cámara argumenta la necesidad de proteger la dignidad institucional y la privacidad de los legisladores, el resultado neto es un acceso a la información mucho más tutelado y restringido.
El equilibrio entre la transparencia y el orden parece haberse inclinado hacia este último, dejando a los periodistas con menos margen de maniobra y a la ciudadanía con una visión más filtrada de lo que sucede intramuros en las Cortes Generales. El derecho a la información se enfrenta así a una arquitectura administrativa que prioriza la seguridad y el protocolo sobre la inmediatez y el acceso libre de la prensa.