La tensión política vivida recientemente en las calles de Mahón ha saltado oficialmente al terreno judicial. La formación dirigida por Santiago Abascal ha formalizado una querella ante los tribunales contra el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras los altercados ocurridos durante un mitin en la isla. El núcleo del conflicto reside en la gestión del orden público y la autorización de una contra-manifestación que terminó con escenas de violencia y enfrentamientos directos.
Fallo en el cordón de seguridad: El eje de la denuncia
Para la formación querellante, los incidentes no fueron fruto del azar, sino de una negligencia administrativa en la planificación del dispositivo. Según el escrito presentado, la Delegación del Gobierno permitió que una concentración de aproximadamente 400 activistas se situara a escasos metros del evento principal, a pesar de los antecedentes de tensión vividos días antes en otras ciudades españolas. La acusación sostiene que se subestimó el riesgo real de enfrentamiento físico.
Aunque la protesta estaba inicialmente autorizada en la zona del parque Rochina, cerca del puerto de Mahón, los manifestantes lograron romper el perímetro inicial. Tras superar diversos controles de las fuerzas de seguridad, el grupo contrario al mitin avanzó hacia la plaza de la Conquista, lugar donde se desarrollaba la intervención de Abascal. Esta proximidad fue la que, según el partido, desencadenó los momentos de mayor peligro para los asistentes y los propios agentes.
Presuntos delitos electorales y prevaricación administrativa
La estrategia legal de Vox no se limita a una queja formal, sino que imputa delitos de gran calado jurídico al delegado Alfonso Rodríguez. La querella señala los siguientes puntos clave:
- Prevaricación administrativa: Por autorizar una concentración opositora en un radio de acción que comprometía la seguridad de un acto político legal.
- Delitos electorales: Al considerar que se intentó coaccionar y obstaculizar el normal desarrollo de una actividad de campaña.
- Vulneración de derechos cívicos: Por la supuesta falta de protección del derecho de reunión y libertad de expresión de los asistentes al mitin.
Agresiones directas y solicitud de expedientes
El relato de los hechos incluido en la querella describe situaciones de violencia física explícita. Se denuncia el lanzamiento de mobiliario urbano, concretamente sillas, contra los agentes de policía y el vehículo oficial de Santiago Abascal, el cual llegó a ser rodeado y golpeado por algunos exaltados. Ante la gravedad de estas acciones, la formación ha solicitado al juez que se identifique no solo a los autores materiales de los ataques, sino también a los promotores de la movilización vinculados a sindicatos y entidades locales.
Como medida probatoria fundamental, el equipo jurídico del partido reclama que se entreguen todos los informes de riesgo previos al evento y las órdenes específicas dadas al despliegue policial. La justicia deberá determinar ahora si existió una falta de previsión deliberada o si el dispositivo fue superado por circunstancias imprevisibles, en un escenario donde el derecho de manifestación y la seguridad ciudadana han entrado en una colisión frontal.