La tensión en la cúpula de la Guardia Civil ha alcanzado un punto de no retorno. Un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) contradice frontalmente la declaración judicial del Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. El núcleo del conflicto reside en las investigaciones internas abiertas contra los agentes por supuestas filtraciones en casos de alto impacto político, como los que afectan a Begoña Gómez y al exministro José Luis Ábalos.
El origen del conflicto: La brecha entre la UCO y el DAO
Frente al juez Santiago Pedraz, el teniente general Llamas defendió la apertura de expedientes internos como un procedimiento rutinario ante la aparición de datos confidenciales en la prensa. Sin embargo, los investigadores de la unidad de élite sostienen una tesis muy distinta: el DAO conocía de antemano que la fuente de las filtraciones no era policial y, aun así, prolongó la presión sobre sus propios subordinados mediante informaciones reservadas.
Este choque institucional no solo pone en duda la gestión de la cadena de mando, sino que sugiere un intento de fiscalización sobre quienes dirigen las pesquisas más sensibles contra el entorno del Gobierno. La UCO argumenta que se vio obligada a defender su integridad ante una persecución interna que carecía de base fáctica.
El error judicial que se intentó cargar a la Guardia Civil
Uno de los episodios más polémicos se remonta a finales de 2024, con la difusión de la dirección de correo electrónico de la Moncloa utilizada por Begoña Gómez. Mientras el DAO ordenaba interrogar a los agentes con presencia de abogados, la UCO ha demostrado que el origen del «descuido» fue puramente judicial. La magistrada Beatriz Biedma habría volcado por error contenido sensible en la plataforma digital de la judicatura al levantar un secreto de sumario.
Pese a que esta circunstancia era verificable, la dirección del cuerpo insistió en señalar a los investigadores. Según el informe, la directora general Mercedes González y el propio ministro Marlaska habrían mostrado su disconformidad con las explicaciones iniciales, lo que derivó en un apercibimiento hacia el agente que redactó el documento original, a pesar de que la difusión masiva no fue responsabilidad suya.
La imposibilidad material en el caso de los mensajes de Ábalos
El segundo gran eje de la controversia es la publicación de conversaciones de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en mayo de 2025. La UCO califica de «irrazonable» la sospecha del DAO por varios motivos técnicos y logísticos:
- Inexistencia del material: Los mensajes publicados databan de 2023, mientras que los dispositivos analizados por la unidad en ese momento solo contenían datos hasta octubre de 2021.
- Custodia de pruebas: El disco duro de Ábalos nunca fue devuelto al exministro ni examinado antes de la filtración, invalidando la teoría de una entrega interesada.
- Origen alternativo: La investigación apunta a que el contenido procedía de un dispositivo oculto por una acompañante durante el registro de la vivienda del exministro, y no de los archivos custodiados por la Guardia Civil.
La advertencia del juez Leopoldo Puente
El informe de la unidad subraya que la investigación interna contra ellos solo se detuvo cuando el poder judicial intervino de forma drástica. El magistrado Leopoldo Puente llegó a advertir a Manuel Llamas que, de continuar con las indagaciones paralelas sobre la UCO, abriría diligencias penales por obstrucción a la justicia.
Este ultimátum judicial fue, según los agentes, el único motivo real por el que el DAO clausuró la información reservada el 25 de mayo, a pesar de que días antes ya había admitido por escrito que tenía la certeza de que la UCO no era la responsable de las filtraciones. La unidad concluye que se les sometió a una revisión exhaustiva y redundante de sus evidencias con el único fin de justificar una vigilancia que ya se sabía innecesaria.
Implicaciones para la transparencia del cuerpo
La defensa del DAO se apoya en un intercambio de mensajes con el general López Malo, donde este último confirmaba que se estaban reevaluando todos los soportes digitales (USB, teléfonos y tablets) para descartar cualquier fuga. Para Llamas, esto justifica que la duda era razonable. Para la UCO, es la prueba de que se les obligó a malgastar recursos en tareas de autocontrol para satisfacer exigencias políticas externas, comprometiendo la autonomía de la policía judicial en procesos de corrupción de máxima relevancia.