La viabilidad del actual sistema administrativo español vuelve al centro del debate económico. En una reciente intervención en el Madrid Foro Empresarial, el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha trazado las líneas maestras de un plan de choque fiscal que busca desmantelar la estructura de gasto que, según la formación, asfixia al contribuyente. La propuesta pivota sobre una idea central: es imposible aliviar la presión impositiva sin ejecutar una poda drástica en el gasto político y las transferencias territoriales.
Un nuevo paradigma impositivo: IVA al 18% y alivio en hidrocarburos
El núcleo de la estrategia económica presentada por Vox reside en una bajada masiva de impuestos que devuelva liquidez inmediata a las familias y al sector privado. El punto más ambicioso de este plan es la recuperación del IVA al 18%, regresando a los niveles previos a la última gran subida impositiva. No obstante, el alcance de la reforma no se detiene en el consumo, sino que abarca diversos frentes tributarios:
- Reducción significativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para fomentar el ahorro.
- Ajuste a la baja en el Impuesto de Sociedades, buscando mejorar la competitividad de las empresas españolas en el mercado europeo.
- Recorte de los impuestos especiales sobre hidrocarburos al mínimo permitido por la normativa comunitaria, con el fin de abaratar los costes logísticos y de transporte.
Para Figaredo, España mantiene actualmente una presión sobre los combustibles y otros impuestos especiales que supera innecesariamente los umbrales marcados por Bruselas, lo que supone un lastre para la recuperación industrial y el consumo doméstico.
El recorte de las transferencias autonómicas como vía de financiación
Frente a la pregunta recurrente de cómo sostener los servicios públicos con menores ingresos fiscales, la respuesta de Vox es clara: eliminar lo que consideran «gasto no esencial». La formación identifica un agujero de 180.000 millones de euros anuales destinados a partidas que no repercuten directamente en el bienestar ciudadano, situando el foco principal en las transferencias a las comunidades autónomas.
El plan financiero expuesto propone una reducción secuencial de este gasto administrativo. El objetivo es rebajar inicialmente esos 180.000 millones a 120.000, para finalmente estabilizarlos en el entorno de los 80.000 millones de euros. Según el análisis de la formación, este margen de maniobra de 100.000 millones de euros permitiría financiar con creces la reducción tributaria planteada sin comprometer la estabilidad del Estado, siempre que se priorice la eficiencia sobre el mantenimiento de las estructuras políticas regionales.
Subvenciones y cotizaciones: El fin de la «compra de voluntades»
Otro de los pilares de la crítica de Figaredo ha sido el sistema de subvenciones directas. Con un volumen que alcanza los 52.000 millones de euros anuales según las últimas cifras, Vox considera que este mecanismo se ha utilizado históricamente para la «compra de voluntades» políticas. La eliminación o el recorte severo de estas ayudas directas se presenta como una medida de higiene democrática y ahorro fiscal.
Asimismo, el secretario general del partido ha puesto en la diana las cotizaciones sociales, criticando duramente instrumentos como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Desde la perspectiva de Vox, el MEI no es más que una «subida escondida» que encarece el coste de la contratación y reduce el salario neto de los trabajadores, perjudicando la creación de empleo de calidad.
Realismo político ante un escenario de pactos
Pese a la contundencia de las cifras, Vox muestra una cara pragmática respecto a la aplicación de estas medidas. Figaredo ha reconocido que, en un escenario democrático donde no se alcance una mayoría absoluta total, la aplicación de este programa de mínimos fiscales deberá ser moderada y negociada. Esta confesión de realismo político sugiere que, aunque el ADN del partido es la rebaja fiscal drástica, entienden la necesidad de buscar puntos de encuentro para transformar el modelo de gasto de forma progresiva, pero sin renunciar a la meta de un Estado más pequeño y menos costoso para el ciudadano.