La carrera hacia las próximas elecciones generales ha definido un campo de batalla prioritario: el sistema educativo español. El Partido Popular ha articulado su propuesta bajo el concepto de ‘Reconstrucción Nacional’, un documento que no solo busca derogar la actual Ley Celaá (LOMLOE), sino que pretende instaurar un cambio de paradigma basado en la homogeneización de criterios a nivel estatal y el retorno a la cultura del esfuerzo.
Unificación de la EBAU: Hacia un examen de acceso único
Uno de los ejes más ambiciosos del programa liderado por Alberto Núñez Feijóo es la creación de una prueba de acceso a la universidad común para todo el territorio nacional. Esta medida busca eliminar las disparidades territoriales actuales, garantizando que todos los estudiantes, independientemente de su comunidad autónoma, se enfrenten a un examen con criterios de evaluación y contenidos idénticos.
La implementación de esta EBAU única se coordinaría con las comunidades y los órganos universitarios, buscando un equilibrio entre la autonomía de los campus y la equidad de oportunidades. Bajo esta premisa, las universidades obtendrían mayor libertad organizativa, pero quedarían sujetas a una rendición de cuentas estricta vinculada a indicadores de empleabilidad de sus alumnos y calidad investigadora.
El fin de la promoción automática y el refuerzo en Primaria
Frente al modelo actual de promoción flexible, el PP propone recuperar el requisito de aprobar todas las asignaturas para pasar de curso en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Este endurecimiento de la norma académica viene acompañado de una estrategia preventiva: los alumnos con dificultades recibirán refuerzo educativo obligatorio antes de que se plantee la repetición de curso.
En la etapa de Primaria, el enfoque se desplaza hacia las competencias básicas esenciales. El objetivo principal es que ningún niño finalice esta fase sin un dominio pleno de la lectura y el cálculo. Para lograrlo, se prevé una inyección de recursos en aquellos centros que presenten mayores índices de vulnerabilidad académica, tratando de atajar el fracaso escolar desde sus raíces más tempranas.
Libertad de elección y protección de la escuela concertada
La propuesta educativa popular refuerza el derecho de las familias a decidir el centro educativo de sus hijos. Se plantea un sistema donde la elección de colegio no esté limitada por zonas restrictivas dentro de un municipio. Además, se busca blindar la educación concertada mediante la extensión de los conciertos a un mínimo de seis años y el ajuste de los módulos económicos para que cubran el coste real del servicio.
- Gratuidad real: Garantizar que la plaza concertada no suponga un coste extra para las familias.
- Centros de Educación Especial: Mantener y proteger estos espacios para las familias que los necesiten, respetando su voluntad en el proceso de escolarización.
- Educación 0-3 años: Propuesta de gratuidad universal en esta etapa, financiada equitativamente entre el Estado y las autonomías.
Revalorización de la figura docente y Formación Profesional
El plan de reconstrucción pone el foco en la profesionalización docente. Entre las medidas destacan la exigencia de una nota mínima elevada para el acceso al grado de Magisterio y la creación de incentivos para atraer talento hacia las disciplinas STEM (Matemáticas, Física y Tecnología). Asimismo, se propone una reducción de la burocracia para que el profesorado pueda centrarse en la actividad pedagógica, contando con respaldo jurídico frente a posibles agresiones en el ámbito laboral.
En el ámbito de la Formación Profesional, la estrategia pasa por una homogeneización de la FP Dual en todo el país. Se pretende crear un Mapa Nacional de la FP que alinee la oferta de plazas con las necesidades reales del mercado laboral, ofreciendo incentivos fiscales a las empresas —sin importar su tamaño— que se involucren en la formación práctica de los estudiantes.
Valores constitucionales y la lengua española en las aulas
El currículo de Historia también experimentaría una transformación significativa. El PP aboga por que los contenidos sean validados por las Reales Academias, alejándolos del control directo del Ejecutivo. El estudio de la Constitución Española, la Transición y el impacto del terrorismo en la democracia española serán materias troncales en la formación de los jóvenes.
Finalmente, se garantiza por ley el derecho a recibir educación en castellano en todo el territorio nacional. Esta medida busca asegurar que la lengua común sea vehicular en todas las etapas educativas, siempre en equilibrio con las lenguas cooficiales y en estricto cumplimiento de los dictámenes judiciales vigentes.
Un nuevo marco para la convivencia y la excelencia
Para concluir, la propuesta se completa con un protocolo nacional contra el acoso escolar que integra sanidad, servicios sociales y educación. El enfoque es claro: proteger a la víctima para que no tenga que abandonar su centro y aplicar sanciones con una finalidad restaurativa para el acosador. Este conjunto de medidas dibuja un horizonte educativo que prioriza la excelencia académica, la cohesión nacional y la seguridad en las aulas como pilares del futuro de España.