IU exige a Marlaska control policial tras la huelga del 11-N

La resaca de la jornada de lucha del 11 de noviembre ha dejado una brecha abierta en el seno de la coalición gubernamental. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha lanzado una dura advertencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras denunciar lo que considera una gestión policial fuera de control durante las movilizaciones. Para Maíllo, la actuación de los agentes no solo fue desproporcionada, sino que evidencia una preocupante falta de autoridad jerárquica en el Ministerio.

Tensión en el Ejecutivo: La jerarquía policial en entredicho

El núcleo de la crítica de IU reside en la supuesta autonomía con la que actúan las fuerzas de seguridad. Según el líder de la formación, se ha producido una inversión de roles inaceptable en una democracia, afirmando que el actual responsable de la cartera de Interior no ejerce un mando efectivo sobre sus subordinados. Esta situación ha llevado a Maíllo a sugerir que, en un futuro escenario de renovación del Gobierno progresista, será imperativo contar con un perfil ministerial capaz de garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos civiles.

Las cifras oficiales proporcionadas por Interior hasta las primeras horas de la mañana registraron 11 detenciones, un dato que Maíllo vincula directamente con un uso excesivo de la fuerza contra quienes ejercían su derecho a la protesta. Desde la Plaza de Cibeles, el coordinador de IU insistió en que la seguridad ciudadana no debe confundirse con la represión de las aspiraciones sociales legítimas.

Un éxito basado en la «conexión emocional» y el derecho habitacional

A pesar de que el paro no paralizó la totalidad de la actividad productiva del país, Izquierda Unida califica la jornada como un rotundo triunfo de convicción social. Maíllo defiende que el éxito de la convocatoria debe medirse en términos cualitativos, destacando cómo el objetivo central —la intervención del mercado de la vivienda— ha logrado una sintonía sin precedentes con la mayoría de la población española.

  • Movilización regional: El seguimiento alcanzó cotas espectaculares en zonas como Andalucía, donde se estima una participación cercana al 70%.
  • Reivindicaciones salariales: La huelga no solo puso el foco en el alquiler, sino también en la necesidad de ajustar los salarios al coste de vida actual.
  • Expectativas cumplidas: Al no plantearse como un cierre total del país, la organización considera que los objetivos de visibilidad se han superado con creces.

Derrota política para la oposición y los especuladores

La lectura política de Maíllo va más allá de las calles y se traslada a las instituciones. Para el coordinador de IU, la movilización ciudadana supone un golpe directo a los intereses de la derecha representada por Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Argumenta que la sociedad ha enviado un mensaje claro de rechazo a las políticas que favorecen a los grandes especuladores inmobiliarios, quienes, a su juicio, no aportan nada al bienestar colectivo.

El horizonte legislativo parece confirmar esta tendencia. Maíllo recordó que la ratificación de los reales decretos de vivienda en la Diputación Permanente es una respuesta inmediata al clamor popular. La jornada del 11-N se entiende, por tanto, como el catalizador necesario para forzar cambios estructurales que limiten los precios abusivos y garanticen que la vivienda sea tratada como un derecho fundamental y no como una mercancía financiera.

Finalmente, la formación izquierdista concluye que esta movilización marca un antes y un después en la legislatura, obligando al Gobierno a decidir si se alinea con la seguridad ciudadana democrática o si permite que la inercia de los cuerpos policiales dicte la relación con los movimientos sociales.