Crisis de confianza: Interior auditará los mecanismos contra el acoso en la Policía
La cúpula del Ministerio del Interior se enfrenta a un reto de credibilidad institucional sin precedentes. Tras los recientes escándalos que han salpicado a la Policía Nacional, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha confirmado una intervención directa sobre los protocolos de actuación frente al acoso sexual y la violencia de género. El detonante no ha sido solo el volumen de expedientes, sino la evidencia de que las víctimas están optando por evitar los canales internos de la institución, prefiriendo la vía judicial ordinaria por falta de garantías o confianza en el sistema propio.
Esta «revisión extraordinaria» busca diseccionar por qué las herramientas diseñadas para proteger a los agentes parecen estar fallando en el momento crítico. El análisis central se enfocará en las carencias del sistema actual, el cual, pese a haber sido actualizado recientemente, no ha logrado evitar que casos de extrema gravedad queden fuera de su radar hasta que explotan en los tribunales.
Anatomía de las denuncias: Un balance de expedientes en entredicho
Los datos internos que maneja el Ministerio revelan una realidad compleja sobre la convivencia y la seguridad laboral dentro del cuerpo. Entre los años 2023 y 2025, se han contabilizado un total de 51 denuncias relacionadas con conductas de acoso, aunque el nivel de tramitación efectiva muestra una tendencia a la baja que preocupa a los analistas de seguridad.
- Ciclo 2023: Se registraron 20 denuncias por acoso sexual, de las cuales se estimaron finalmente once.
- Ciclo 2024: La cifra de reportes se situó en 18, logrando tramitarse 13 expedientes.
- Ciclo 2025: Se contabilizaron 13 denuncias, pero apenas dos llegaron a ser estimadas bajo el protocolo vigente.
A este escenario se suma la presión del protocolo de violencia de género, que solo en 2025 activó 121 casos. Estas cifras ponen de manifiesto que el problema no es la falta de incidentes, sino la eficacia de las herramientas de resolución interna. La disparidad entre las denuncias presentadas y las que finalmente prosperan sugiere la existencia de barreras burocráticas o miedos a represalias que Interior pretende ahora eliminar.
El factor determinante: El impacto del ‘caso DAO’
La urgencia de esta reforma tiene nombres y apellidos. La querella contra el comisario principal José Ángel González, anterior Director Adjunto Operativo (DAO), ha supuesto un punto de inflexión. El hecho de que una agente decidiera acudir directamente a la justicia ordinaria para denunciar una presunta agresión sexual, ignorando los protocolos de la Dirección General de la Policía, es el síntoma más claro de un sistema que la víctima percibió como inútil o inseguro.
Marlaska ha admitido ante el Congreso que «algo falla» cuando una integrante del cuerpo no se siente respaldada por su propia institución. La revisión no será un mero trámite administrativo, sino que estará liderada por la Secretaría de Estado de Seguridad, bajo la supervisión de Aina Calvo, buscando una perspectiva técnica y de género que hasta ahora podría haber sido insuficiente.
Hacia una reestructuración de la cultura institucional
El objetivo final de Interior es detectar si la estructura jerárquica de la Policía Nacional está bloqueando la ejecución de los protocolos de identidad sexual y acoso. Se pretende corregir de inmediato cualquier vacío legal o administrativo que permita que un cargo de alta responsabilidad pueda eludir el control interno o que una víctima se sienta desprotegida al denunciar a un superior.
Esta transformación busca garantizar que los derechos fundamentales de los agentes prevalezcan sobre la jerarquía. El Ministerio insiste en que, aunque los protocolos han funcionado en otros casos menos mediáticos, la gravedad de los hechos recientes exige una transparencia total y una actualización que cierre las puertas a la impunidad dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.