La seguridad de las mujeres que sufren violencia de género se enfrenta a un nuevo y alarmante obstáculo técnico. La asociación granadina La Volaera ha levantado la voz de alarma tras realizar un exhaustivo análisis jurídico y tecnológico sobre la nueva licitación del Ministerio de Igualdad. El contrato, valorado inicialmente en 71 millones de euros y ampliable hasta los 111 millones, presenta deficiencias que, según la entidad, suponen una «negligencia grave» que pone en peligro la integridad física de las usuarias, especialmente en los entornos menos conectados.
La brecha digital que condena a las víctimas rurales
Uno de los puntos más críticos detectados en el pliego de condiciones es la ausencia de exigencias relativas a la cobertura satelital. En la práctica, esto supone una desprotección sistemática para aquellas mujeres que residen en zonas de montaña o áreas rurales donde la señal terrestre es débil o inexistente. Al no incluir la tecnología 3GPP Release 17, un estándar ya común en dispositivos móviles modernos que permite la geolocalización por satélite, el Ministerio está creando, de facto, víctimas de «primera y de segunda clase».
Mientras que en las grandes urbes el sistema puede funcionar con relativa normalidad, el abandono tecnológico en la España vaciada obliga a los órganos judiciales a tomar medidas mucho más restrictivas, como el encarcelamiento preventivo del agresor, ante la incapacidad de garantizar que una pulsera mantenga la vigilancia en zonas de sombra. Esta carencia no es solo un error de planificación, sino una barrera geográfica para el acceso a la justicia y la protección efectiva.
Incoherencias legales y normativa obsoleta
Resulta sorprendente que una licitación de tal envergadura económica se sustente sobre bases jurídicas que ya no están en vigor. El equipo técnico de La Volaera, liderado por su presidenta María Martín Romero, ha señalado que el documento ministerial exige el cumplimiento del Real Decreto 3/2010, una legislación derogada hace años. En su lugar, debería aplicarse el actual Esquema Nacional de Seguridad (ENS) regulado por el Real Decreto 311/2022.
Este «copia y pega» de modelos de documentos anticuados evidencia una falta de rigor administrativo que afecta directamente a la calidad del servicio. No es solo una cuestión de formas; el uso de normativa obsoleta impide que las empresas licitadoras puedan ofrecer soluciones de seguridad actualizadas a los estándares de ciberseguridad vigentes, dejando el sistema vulnerable ante posibles ataques o fallos de red.
Privacidad en riesgo: La externalización de datos sensibles
Otro de los focos de conflicto se encuentra en la gestión de la información. La asociación denuncia que el Ministerio de Igualdad pretende externalizar funciones nucleares del sistema a empresas privadas. Esto implica que personal de una compañía comercial tendría acceso directo a datos sensibles de salud y antecedentes penales sin un filtro administrativo previo que garantice el principio de minimización de datos.
- Vulneración del derecho a la intimidad de las víctimas y agresores.
- Falta de control público sobre comunicaciones críticas con la Fiscalía.
- Riesgo de brechas de seguridad en bases de datos protegidas por ley.
Un traspaso de poderes técnicamente improbable
La planificación del periodo de transición entre la actual adjudicataria y la nueva empresa también ha sido calificada como una «ficción administrativa». El Ministerio plantea un plazo de transición de hasta seis meses, ignorando que el contrato vigente con la UTE Vodafone-Securitas solo obliga a colaborar durante un máximo de tres meses tras el fin del servicio. Esta discrepancia de tiempos deja un vacío de tres meses donde la protección telemática de miles de mujeres podría quedar en el aire por falta de coordinación contractual.
Además, la exigencia de tener operativa una solución compleja en tan solo 60 días sugiere, según el análisis de La Volaera, un diseño de pliego «a medida» para favorecer la continuidad de los proveedores actuales, ya que para cualquier otra empresa sería técnicamente imposible cumplir con los requisitos en ese lapso de tiempo. Esto no solo afecta a la libre competencia, sino que perpetúa un sistema que ya ha demostrado tener fallos técnicos recurrentes en el pasado.
Conclusión: Entre la desidia y la tortura institucional
La denuncia de La Volaera no es un ataque aislado, sino la culminación de meses de seguimiento a un sistema que presenta grietas estructurales. El Ministerio de Igualdad parece haber optado por una postura de «perfil bajo» en la gestión diaria, delegando responsabilidades críticas en manos privadas y descuidando la actualización tecnológica necesaria. La tortura institucional, como la define Martín Romero, no solo se ejerce por acción, sino por una omisión de socorro técnica que deja a las víctimas a merced de la cobertura de su teléfono móvil en los momentos más vulnerables de sus vidas.