Giro judicial en el caso Tubos Reunidos: 25 imputaciones y una agenda comprometedora
La investigación sobre presuntas irregularidades en la concesión de ayudas públicas ha dado un vuelco significativo tras las recientes diligencias de la Unidad Central Operativa (UCO). La causa, dirigida por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha escalado hasta alcanzar a la actual cúpula de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El foco se centra ahora en una serie de anotaciones manuscritas halladas en una agenda intervenida durante el registro de la sede central del PSOE en la calle Ferraz, las cuales vinculan directamente la gestión del rescate financiero de Tubos Reunidos con esferas de decisión política.
El magistrado ha procedido a la imputación de 25 personas, destacando entre ellas a Belén Gualda, presidenta de la SEPI. La tesis de la Fiscalía Anticorrupción sugiere la existencia de una red organizada para influir en procesos administrativos y judiciales, buscando favorecer intereses específicos a cambio de contraprestaciones económicas camufladas bajo servicios de consultoría.
El rastro documental en Ferraz: La conexión con Santos Cerdán
El hallazgo de la agenda en las dependencias socialistas no es un detalle menor. Según el informe remitido por la Guardia Civil, las notas reflejan un conocimiento detallado de las negociaciones para el aplazamiento de la amortización de deuda de Tubos Reunidos. Estas evidencias sugieren que Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, podría haber estado al tanto de las maniobras para asegurar la viabilidad financiera de la siderúrgica mediante la intervención estatal.
La investigación apunta a que no se trataba de una gestión institucional ordinaria, sino de una estrategia coordinada para desestabilizar o dirigir procedimientos que afectaban directamente al entorno del Gobierno. El flujo de información interna y el acceso a datos sensibles de la SEPI habrían sido claves para el éxito de estas operaciones, que ahora están bajo estricto control judicial.
El grupo ‘Hirurok’ y la mecánica de las comisiones ilícitas
En el epicentro de la trama operativa se encuentra el denominado grupo «Hirurok» (término que en euskera significa «nosotros tres»). Este núcleo, supuestamente integrado por la exmilitante Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el anterior presidente de la SEPI, Vicente Fernández, habría actuado como intermediario para facilitar el préstamo de 112,9 millones de euros concedido a Tubos Reunidos.
La UCO considera que los pagos detectados a través de la firma Mediaciones Martínez, que ascienden a casi 115.000 euros, carecen de base real. Aunque las facturas se emitieron bajo el concepto de prospección de mercados, los agentes las califican de «mendaces», señalando que su verdadero propósito era remunerar las gestiones realizadas ante los organismos públicos para desbloquear las ayudas.
Expansión de la causa: Otras empresas públicas bajo sospecha
Lo que comenzó como una indagación sobre una siderúrgica específica ha derivado en una auditoría judicial de múltiples operaciones de la SEPI y otras entidades estatales. Anticorrupción ha detectado patrones de irregularidad similares en otras cuatro corporaciones de relevancia nacional:
- Mercasa: Investigada por posibles contratos amañados o gestiones de influencia.
- Enusa: Bajo la lupa por su gestión operativa y financiera en el sector energético.
- Parque Empresarial Principado de Asturias: Donde se analizan adjudicaciones de suelo y activos.
- Forestalia: Relacionada con la tramitación de proyectos en el ámbito de las energías renovables.
La gestión en la sombra de Vicente Fernández
Un aspecto crítico del sumario es el papel de Vicente Fernández. A pesar de haber cesado formalmente en su cargo, la UCO sostiene que continuó ejerciendo como presidente de facto de la SEPI. Los seguimientos y análisis de comunicaciones demuestran que seguía impartiendo instrucciones, accediendo a información privilegiada y representando al organismo en reuniones clave frente a terceros.
Este «mando en la sombra» habría permitido mantener la continuidad de las operaciones del grupo Hirurok, garantizando que los compromisos adquiridos con las empresas beneficiarias se cumplieran al margen de los cauces legales. Por estas gestiones, Fernández habría percibido ingresos adicionales cercanos a los 40.000 euros, consolidando una estructura de poder paralelo que ahora la Audiencia Nacional intenta desmantelar por completo.