La UDEF revela que los Pujol ocultaron 30 millones en Andorra

El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la familia Pujol ha arrojado nuevas luces sobre la complejidad de su estructura financiera en el extranjero. Durante las recientes comparecencias, un inspector de la UDEF ha detallado cómo el clan logró movilizar y ocultar cerca de 30 millones de euros (el equivalente a 5.000 millones de las antiguas pesetas) en territorio andorrano. Lo más relevante de este testimonio no es solo la cifra, sino la descripción de una operativa diseñada para fragmentar y diluir el rastro de fondos cuyo origen sigue siendo un enigma para los investigadores.

La arquitectura de la opacidad: el rastro de los 30 millones en Andorra

La investigación policial se ha centrado en el periodo comprendido entre 1992 y 2004, una etapa donde el flujo de capitales hacia entidades como Andbank y BPA (Banca Privada d’Andorra) fue constante. Según el perito judicial, la familia utilizó un sistema de cuentas que no se limitaba al simple ahorro, sino que funcionaba como una maquinaria de diversificación de divisas. En el caso específico de Josep Pujol Ferrusola, sus depósitos contaban con subcuentas en pesetas, euros y dólares, permitiendo una transición de moneda que dificultaba la trazabilidad de los ingresos iniciales.

El análisis técnico de la Policía Nacional subraya que, solo en una de estas subcuentas, se registraron hasta 25 ingresos de efectivo de origen desconocido. Esta metodología se repetía en diferentes divisas, acumulando saldos millonarios que, según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, podrían derivar del cobro de comisiones irregulares vinculadas a la actividad política y empresarial en Cataluña.

Coordinación y sistemática: el ‘modus operandi’ familiar

Uno de los hallazgos más contundentes presentados ante el tribunal es la existencia de una sincronización absoluta entre los miembros de la familia. La UDEF ha documentado un patrón de ingresos coordinados en el que varios hermanos realizaban depósitos en fechas idénticas o muy cercanas. Esta «actuación en bloque» refuerza la hipótesis de que no se trataba de ahorros individuales, sino de una estrategia patrimonial conjunta dirigida a blindar la fortuna familiar.

  • Ingresos en efectivo sistemáticos por parte de los seis hermanos y Marta Ferrusola.
  • Más de 1.200 millones de pesetas detectados en 18 apuntes bancarios coordinados.
  • Transferencias internas de alta cuantía entre los propios miembros del clan para redistribuir el capital.
  • Uso de cuentas puente para canalizar fondos desde paraísos fiscales o jurisdicciones de baja tributación.

De la estratificación al blanqueo: tácticas de diversificación

Para la UDEF, la familia Pujol no se limitó a esconder el dinero, sino que aplicó técnicas de ingeniería financiera para integrarlo en el sistema legal. El inspector testigo calificó estas maniobras como un proceso de «estratificación». Al mover el dinero entre depósitos a plazo fijo, inversiones financieras y compraventa de monedas, el clan buscaba poner capas de separación entre el origen ilícito del dinero y su destino final.

Incluso en etapas más recientes, entre 2016 y 2017, se han detectado movimientos en cuentas que incluían conceptos inusuales, como ingresos bajo la etiqueta «arbit», que los investigadores asocian con tentativas de incursión en activos digitales o criptomonedas. Además, el flujo internacional de capitales no se detuvo en Andorra; la investigación ha rastreado transferencias procedentes de plazas financieras como Suiza y Mónaco, que sumaron cientos de miles de dólares en apenas unos meses.

El vínculo con el sector público y préstamos bajo sospecha

La investigación también pone el foco en la relación de la familia con ciertos empresarios favorecidos por la administración pública. Un punto crítico es el análisis de un préstamo concedido por un directivo de CAT Helicopters a los hermanos Pujol. La policía sospecha que este crédito era, en realidad, un negocio jurídico ficticio diseñado para blanquear dinero y encubrir posibles mordidas.

La «connivencia» entre el sector privado y el patrimonio de los Pujol parece materializarse en la obtención de contratos públicos por parte de esta empresa aérea entre 2008 y 2015. La detección de funcionarios del Servicio Catalán de Tráfico en las nóminas de empresas investigadas añade una capa extra de sospecha sobre el posible conflicto de intereses y el uso de influencias políticas para el enriquecimiento ilícito de la familia. El proceso judicial continúa desgranando una de las tramas de corrupción más extensas de la historia reciente, donde el secreto bancario andorrano fue, durante décadas, su principal aliado.