La inestabilidad geopolítica en Oriente Próximo ha encendido las alarmas en el tejido económico vasco, impulsando al lehendakari, Imanol Pradales, a liderar una ofensiva institucional para mitigar el impacto en los precios de la energía. Ante la amenaza de una escalada inflacionaria similar a la vivida tras la invasión de Ucrania, el ejecutivo autonómico ha diseñado una estrategia de choque que busca comprometer directamente al Gobierno central en la protección de la competitividad industrial y el bienestar de los hogares.
Alivio fiscal frente a la crisis energética: la hoja de ruta de Euskadi
El núcleo de la propuesta remitida por Pradales al presidente Pedro Sánchez se fundamenta en un decálogo de medidas urgentes. El objetivo principal es desinflar la factura eléctrica mediante una intervención directa en la fiscalidad y los costes regulados. En este sentido, la propuesta más mediática es la vuelta a un IVA del 5% para el suministro eléctrico, abandonando el tipo actual del 21% que penaliza tanto a los consumidores domésticos como a los pequeños negocios.
Sin embargo, el plan vasco profundiza en las raíces del coste energético para el sector secundario. Pradales exige la supresión definitiva del impuesto del 7% a la generación eléctrica y una reestructuración de los peajes de transporte y distribución. Estas cargas financieras son señaladas como lastres críticos para la industria electrointensiva, un pilar fundamental de la economía de Euskadi que ya está experimentando incrementos severos en sus costes operativos.
Maximización de las ayudas y compensaciones por CO2
Uno de los puntos más técnicos y ambiciosos del documento entregado a la Moncloa se refiere a las compensaciones por costes de emisiones de CO2. El lehendakari ha puesto sobre la mesa una discrepancia presupuestaria que considera vital resolver: mientras que el Ministerio de Industria tiene capacidad legal para activar hasta 600 millones de euros en ayudas, las previsiones actuales apenas alcanzan los 240 millones.
- Exigencia de elevar las ayudas públicas al máximo legal permitido.
- Reducción «drástica» de los peajes para grandes consumidores de gas y electricidad.
- Implementación de mecanismos de rescate financiero para empresas en riesgo por el coste energético.
Esta petición busca que el Estado asuma su responsabilidad competencial, dado que el margen de actuación autonómica en la regulación del mercado mayorista es limitado. Para Pradales, es imperativo que el Gobierno de España «dé la talla» y no escatime recursos financieros que ya están contemplados en la legislación vigente.
El frente común autonómico: Canarias y Euskadi exigen coordinación
La ofensiva vasca no es un movimiento aislado. En una alianza estratégica con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, Pradales ha solicitado formalmente la creación de un foro de urgencia. Este espacio de coordinación no necesariamente debe adoptar la forma de una Conferencia de Presidentes tradicional, sino que debe funcionar como una mesa técnica de respuesta rápida donde todas las comunidades autónomas puedan alinear sus políticas frente a la crisis energética.
El mensaje es claro: la dispersión de medidas territoriales reduce el impacto de la respuesta pública. La unidad institucional se presenta como el único escudo efectivo si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga, evitando que cada territorio «haga la guerra por su cuenta».
Acciones inmediatas desde Ajuria Enea
Mientras espera la respuesta de Madrid, el Gobierno Vasco no permanecerá inmóvil. Se ha anunciado la aprobación inminente de un paquete de medidas internas centradas en tres ejes estratégicos:
- Refuerzo de la autonomía energética de Euskadi para reducir la dependencia exterior.
- Líneas de financiación preferencial para pymes asfixiadas por los precios de la energía.
- Planes específicos de protección del empleo para evitar cierres industriales.
Como conclusión, el lehendakari apela a la firmeza de la Unión Europea como actor político global. La desescalada del conflicto bélico es la solución definitiva, pero hasta que eso ocurra, la prioridad absoluta debe ser blindar el tejido productivo y la economía familiar de un escenario de carestía energética que podría ser devastador.