El Ejecutivo central ha decidido blindar la gestión de Francina Armengol tras la controversia generada por su reciente visita oficial a Azerbaiyán. Lejos de distanciarse de la polémica, Moncloa sostiene que el desplazamiento de la presidenta del Congreso fue una acción coordinada directamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos en una región de alta sensibilidad geopolítica.
La diplomacia del gasto: 20.000 euros por 48 horas
Uno de los puntos que más críticas ha despertado entre la oposición es la factura final del viaje. El desplazamiento, que apenas superó las 48 horas de duración, supuso un desembolso de 20.398,33 euros para las arcas públicas del Congreso de los Diputados. La estructura del gasto revela una inversión masiva en logística aérea, dejando en segundo plano otros conceptos operativos:
- Transporte aéreo: 18.872,32 euros, representando el grueso del presupuesto.
- Alojamiento y estancia: 1.150,20 euros.
- Gastos administrativos: 79,25 euros en visados y 120,28 euros en seguros médicos.
- Protocolo: 176,28 euros destinados a una cena con el personal de la legación diplomática española en Bakú.
La delegación estuvo compuesta por cuatro figuras clave: la propia Armengol, su director de gabinete, un asesor estratégico y una letrada de las Cortes. A este grupo se sumó un equipo de seguridad cuyos costes no han sido detallados por motivos de confidencialidad, lo que eleva el promedio de gasto por asistente por encima de los 4.700 euros.
El conflicto ético: Ofrendas en un escenario de guerra
Más allá del impacto económico, el trasfondo ético del viaje ha situado a la presidenta en el centro de la diana política. Durante su estancia en Bakú, Armengol participó en una ofrenda floral en el Monumento de la Victoria, un gesto cargado de simbolismo que conmemora el triunfo azerí en el conflicto del Alto Karabaj. Esta acción ha sido interpretada por diversos sectores como una validación de operaciones militares que el propio Parlamento Europeo ha llegado a calificar como episodios de «limpieza étnica».
El Gobierno, sin embargo, evita entrar en el debate sobre la idoneidad de este homenaje. En su respuesta oficial, prefiere enmarcar el viaje dentro de una hoja de ruta estratégica que busca la «normalización» de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán. Según el Ejecutivo, España aspira a ejercer un rol de mediador, apoyando los acuerdos de paz alcanzados en 2023 y alineándose con la postura de la Unión Europea en la región.
El bloqueo parlamentario y la falta de control
La indignación del Partido Popular no solo se ha dirigido hacia el contenido del viaje, sino hacia la falta de transparencia previa. Los populares denuncian que la agenda oficial no fue comunicada convenientemente al resto de los grupos parlamentarios, rompiendo el principio de lealtad institucional en materia de acción exterior.
La tensión alcanzó su punto álgido cuando el PP intentó tramitar una iniciativa para que la Cámara Baja censurara formalmente la actuación de su presidenta. No obstante, la Mesa del Congreso, haciendo valer la mayoría formada por el PSOE y Sumar, bloqueó cualquier posibilidad de reprobación. El argumento técnico esgrimido es que la presidencia de la Cámara no está sujeta al control parlamentario habitual de los grupos de la oposición, una interpretación que blinda a Armengol frente a las exigencias de responsabilidad política por este desplazamiento.
Próximos pasos en la agenda del Cáucaso
A pesar del revuelo, la estrategia de Exteriores no parece que vaya a variar. El Gobierno ya ha anunciado que a esta visita le seguirán otros viajes a Armenia, buscando equilibrar la balanza diplomática. La tesis oficial insiste en que la presencia institucional en ambos países es fundamental para «identificar oportunidades» y asegurar que España tenga voz propia en la estabilidad del Cáucaso Sur, independientemente del coste político o económico que estos movimientos generen en el ámbito doméstico.