Cuando las puertas de la justicia nacional se cierran herméticamente, el escenario internacional emerge como el último bastión para la reparación. El reciente salto del franquismo a la ONU marca un punto de inflexión jurídico: por primera vez desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, un caso de torturas llega al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Esta acción, impulsada por la organización Irídia, responde al archivo sistemático de las denuncias interpuestas por los hermanos Ferrándiz en los tribunales de Barcelona y el posterior rechazo del Tribunal Constitucional.
El conflicto entre la Ley de Memoria y la Justicia ordinaria
A pesar del nuevo marco normativo español, que teóricamente obliga a investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura, el Poder Judicial mantiene una postura de resistencia. La defensa de los hermanos Ferrándiz argumenta que la nueva legislación establece que estos delitos no prescriben ni son susceptibles de amnistía. Sin embargo, los jueces continúan priorizando la Ley de Amnistía de 1977 y el principio de legalidad para evitar la apertura de juicios.
Esta dicotomía legal genera un vacío de protección para las víctimas, quienes ven cómo sus testimonios son invalidados antes de iniciar cualquier fase de instrucción. En el caso específico de Maria Isabel y José Pablo Ferrándiz, la justicia española se negó a realizar la mínima diligencia de investigación, impidiendo incluso la identificación de los presuntos responsables de las agresiones sufridas en los años setenta.
Treinta y dos días de aislamiento en Via Laietana
El relato de los hechos nos traslada a la Jefatura Superior de Policía de la Via Laietana, un espacio que las asociaciones memorialistas exigen convertir en museo de la memoria. En 1971, cuando apenas tenían 17 años, los hermanos Ferrándiz permanecieron 32 días incomunicados. Durante este periodo, fueron sometidos a un régimen de torturas físicas y psicológicas por parte de la Brigada Político-Social.
- Violencia política: Represión dirigida contra su militancia activa en movimientos opositores.
- Sesgo de género: Denuncias específicas sobre tratos vejatorios adicionales hacia Maria Isabel por su condición de mujer.
- Impunidad institucional: La falta de reconocimiento de los métodos de la Brigada Político-Social como crímenes de lesa humanidad.
Un patrón de archivos: Del caso Pacheco a la Fiscalía de Memoria
La situación de los Ferrándiz no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica judicial de impunidad que afecta a cientos de querellantes. Un ejemplo reciente es el de Julio Pacheco, cuya denuncia fue archivada en Madrid a pesar de ser la primera persona en declarar ante un magistrado en España por estos delitos. Los obstáculos no solo provienen de la judicatura, sino también de las dificultades operativas que encuentra la nueva Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, dirigida por Dolores Delgado.
Recientemente, esta fiscalía especializada se vio obligada a solicitar el archivo provisional de una investigación sobre torturas en Barcelona debido a la imposibilidad de localizar a los autores materiales. Este escenario demuestra que el paso del tiempo, sumado a la falta de voluntad política en décadas anteriores, está borrando las huellas necesarias para una condena efectiva, convirtiendo la búsqueda de justicia en una carrera contra el reloj biológico de víctimas y victimarios.
Hacia un dictamen internacional sobre la impunidad española
La denuncia ante la ONU no busca únicamente una sentencia individual, sino un reproche internacional al Estado español por su incapacidad de tutelar los derechos de quienes sufrieron la represión estatal. Al agotar la vía interna, Irídia pone a prueba el compromiso de España con los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.
En conclusión, el caso de los hermanos Ferrándiz simboliza la brecha existente entre la retórica legislativa de la Memoria Democrática y la realidad de los juzgados. La resolución que emita el Comité contra la Tortura podría obligar a España a reconsiderar cómo aplica sus leyes de amnistía frente a crímenes que, según el derecho internacional, no tienen fecha de caducidad. Mientras tanto, el silencio de las salas de justicia españolas sigue contrastando con el eco cada vez más fuerte de las víctimas en las instituciones de Ginebra.